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El Rector Esparza Ortiz destacó la trayectoria con visión humanística de Carlos Romero Aranda, así como su labor contra la delincuencia organizada y a favor de los derechos laborales

En materia tributaria existe un antes y un después tras la aprobación de la Reforma Penal Fiscal, la cual entró en vigor en 2020 y entre otros aspectos establece que la defraudación fiscal debe ser reconocida como una cuestión de delincuencia organizada que atenta contra la seguridad nacional, destacó el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, durante su ponencia “Política Fiscal Penal del Estado Mexicano”, dictada en la BUAP, donde el Rector Alfonso Esparza le extendió un reconocimiento por su trayectoria.

Previo a la conferencia, el Rector Esparza Ortiz encomió su labor contra la defraudación fiscal organizada, su contribución en el reconocimiento de los derechos en la contratación de los trabajadores, y para explicar los alcances de estas reformas tributarias, las cuales, dijo, elevarán la recaudación, alentarán a los contribuyentes cumplidos y, sobre todo, fincarán consecuencias para la evasión fiscal que hasta hace poco ascendía a 2.5 por ciento del PIB nacional. Agradeció además su intervención para compartir sus experiencias con los miembros de la Facultad de Contaduría Pública de la BUAP.

Con estas modificaciones a la ley, explicó el procurador, se busca combatir a las empresas físicas y morales que facturan operaciones inexistentes para lograr efectos fiscales de forma ilegal en beneficio de ciertos contribuyentes. Asimismo, combaten esquemas de evasión, como las subcontrataciones dudosas o el outsourcing ilegal.

En ese sentido, señaló que se calcula que 40 por ciento de empleados en México —unos 4 millones 600 mil trabajadores— laboran bajo el esquema de outsourcing en 15 mil empresas, de las cuales sólo 900 tienen un registro ante la Procuraduría del Trabajo, y de estas sólo 100 cuentan con registro ante el IMSS y 40 pagaban impuestos, por eso la necesidad de la reforma, insistió.

El procurador Romero Aranda aprovechó la ocasión para reconocer la iniciativa del Rector Alfonso Esparza Ortiz para presentar ante el Consejo Universitario la propuesta de contratar directamente a 858 trabajadores que laboraban bajo el esquema legal de outsourcing, los cuales fueron contratados directamente por la institución después de que ese órgano de gobierno aprobara estas contrataciones el pasado 25 de marzo, lo que permitió a la BUAP ajustarse a las reformas que marca la Ley Federal del Trabajo.

“Ese es el beneficio real con esta reforma; los que estaban en empresas de subcontratación están ya regulados en su plantilla laboral, así que todo mi reconocimiento al Rector Esparza, porque ese es el mejor ejemplo de que esta reforma para entes públicos y privados funciona adecuadamente. Es un reconocimiento por estar dentro del marco de la ley y que una institución, como esta, sea un ejemplo, para mí es muy valioso”.

Esto ya que la BUAP siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales y laborales, por lo que actualmente los servicios no especializados no se manejan a través del outsourcing.

Frente a autoridades universitarias y académicos de la Facultad de Contaduría, el procurador fiscal mencionó también que tradicionalmente a los contadores se les solicita reducir el pago de contribuciones; esto originado por la desconfianza del contribuyente respecto a dónde van a parar sus impuestos. No obstante, insistió en que las cosas cambiaron y con algunos ahorros en el presupuesto y con el incremento en la recaudación fiscal se han implementado programas de apoyo social muy importantes, sobre todo en una época de pandemia.

“Para esto planteamos dos reformas legales: una para equiparar la defraudación fiscal vía facturas, con delincuencia organizada; la segunda se refiere a los delitos que atenten contra la seguridad nacional, entre estos está la defraudación fiscal por montos arriba de los 7. 8 millones de pesos y que sí ameritarán prisión preventiva”.

Otro tema que abordó fue la condonación de impuestos, donde tras la investigación realizada por Hacienda, reflejó que era direccionada a empresas específicas que lograban librarse de pagos millonarios, apoyados en programas de apoyo y estímulos fiscales, mientras que ahora para tener estos beneficios es necesarios estar al corriente de las obligaciones tributarias.

“Aquí entran los acuerdos reparatorios donde se cubre la parte denunciada y todos los adeudos que tiene el contribuyente. Con esto buscamos un equilibrio entre la parte persecutoria y la recaudatoria. No los queremos en la cárcel, queremos que paguen. Eso busca la política criminal fiscal, que el contribuyente pague lo que deba”.

Al concluir su intervención, el procurador fiscal resaltó las bondades de la recaudación y cómo a pesar de la crisis económica y las condiciones impuestas por la pandemia se han logrado recuperar sumas importantes de recaudación fiscal por parte de grandes deudores, lo que ha permitido sufragar gasto público y cumplir con los programas sociales sin necesidad de adquirir deuda pública.