La protesta contra la CNDH refleja el grito desesperado de las víctimas

  • Académicos del ITESO consideran que la reciente toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una evidencia de la crisis que hay en México en esta materia.

RDS/Staff

La toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por mujeres activistas y familiares de víctimas de violencia es un reflejo más del muy limitado impacto tanto de éste como de los organismos estatales de defensa de los derechos humanos, considera Alejandro Anaya, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz, del ITESO.

“A lo largo de estos 30 años el impacto de la CNDH ha sido muy marginal, si entendemos impacto como una mejora de los derechos humanos en el país. Ha tenido algunos periodos mejores que otros”, advierte el académico. 

Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO, dice que hay aspectos en la historia de la CNDH, y sobre todo con Rosario Piedra al frente, que parecieran parte de una crónica de debacle anunciada. 

Narra que la CNDH fue creada por el presidente Carlos Salinas de Gortari en un momento donde había mucha presión para la firma de tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Algunas de las cláusulas que ponían los gobiernos extranjeros a México implicaban que el país tenía que estar abierto al escrutinio de derechos humanos. Así que se creó una instancia que en su momento dependía de la Secretaría de Gobernación. 

“Digamos que su intención primordial no fue a partir de una evaluación de la importancia de tener un monitoreo de derechos humanos”, explica la académica, quien conoce de cerca cómo funciona el organismo, pues fue cuarta visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF, hoy CDHCDMX) entre 2006 y 2009.  

Las causas de su ineficiencia pueden ser multifactoriales, dice Nuño, pero una de ellas es que la Comisión no ha sido autónoma en la práctica, debido a que los titulares o tienen “un perfil cercano o son demasiado cautos en no contrariar demasiado a los gobiernos en turno”.

El propósito de la Comisión, reconoce, fue cambiando. En 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se establece en el Artículo 102 apartado B la constitución y autonomía de la CNDH y las otras comisiones estatales.

Se explicita que en caso de que una autoridad rechace las recomendaciones, tiene la obligación de rendir cuentas, además de brindar la posibilidad de que las comisiones accedan al Congreso de la Unión o a los congresos locales para informar de estas faltas.  

Considera que, con sus fallas y áreas de mejora, la CNDH tiene la facultad de solicitar acciones de inconstitucionalidad. “Esto es una posibilidad de la ciudadanía para poder tener representación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en momentos en los que, por sí misma, no puede acceder, ya que está reservada a partidos políticos y órganos autónomos”. 

Destaca que la Comisión ha logrado emitir a instancias internacionales de derechos humanos, sobre todo aquellas de la ONU, informes elaborados para que puedan tener elementos para hacer sus observaciones sobre la situación en México.  

“De 2014 en adelante ya podíamos ver instancias internacionales declarando que en México existían prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y migración, entre muchos temas que fueron importantes y que no solían salir a la luz”, dice Nuño. 

Los académicos coinciden en que en los últimos años la CNDH tuvo momentos importantes de confrontación con el gobierno en turno en materia de derechos humanos. Como ejemplos resaltan la investigación y recomendación por violaciones graves a derechos humanos del ejército en Tlatlaya o las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma que creó la Guardia Nacional. 

Los avances normativos y legislativos le han dado a la CNDH las herramientas para realizar una mejor labor y certeza institucional. Sin embargo continúan las críticas a su desempeño por su burocracia y la falta de agilidad en la atención de las quejas, de seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones que emite. 

¿La ombudsperson de las mujeres y los desaparecidos? 

Con el cambio de ombudsperson, se creyó que el Senado de la República llevaría a cabo un proceso cuidadoso y transparente de selección. Con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil se determinaron los indicadores indispensables para la evaluación de las candidaturas. 

“Habiendo empezado un proceso muy interesante, de buenas a primeras, la Junta de Coordinación Política obvia la discusión y se somete a una terna, en la que se sabía que la persona favorita era cercana del Presidente López Obrador y que no cumplía con los requisitos legales”, dice Nuño. La Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su artículo 10, establece que el titular de la CNDH no debe haber formado parte de la dirigencia de un partido político durante el año previo a su designación.

Rosario Piedra no solo fue candidata a una diputación por Morena, sino que fue secretaria de Derechos Humanos en el Comité Ejecutivo del partido. Incluso, siete días antes de su elección todavía aparecía como consejera del mismo. 

Con todo y las dudas sobre la legalidad de la elección, tenía puntos a su favor, comenta Nuño: es hija de la activista Rosario Ibarra, acreedora a la medalla Belisario Domínguez, fundadora del Comité ¡Eureka! y madre de Jesús Piedra Ibarra, quien fue desaparecido. 

Se pensó que la hermana de un desaparecido podría tener empatía con los familiares y las víctimas de este tipo de violencia. Además, en una entrevista Piedra consideró que ser mujer sería una ventaja, ya que representaría a un sector social cuyos derechos siempre han sido violentados.  

A diez meses de su nombramiento los desaciertos, consideran los académicos, son varios. 

Para Nuño, la repetición de los discursos del partido mayoritario, transformar la CNDH en la “Procuraduría de los pobres”, así como la desaparición de la Oficina especial para el caso Ayotzinapa o hasta la renuncia de cinco consejeros por la desacreditación de la comisión son indicadores de un retroceso. 

“Volvemos a una comisión alineada a los intereses del ejecutivo y de transformar la comisión con el mismo discurso del gobierno”, expresa Nuño.

La ocupación: el síntoma de un problema mayor 

La situación que enfrente la CNDH muestra que está lejos de cumplir el mandato que tiene. Por más que su discurso sea el de apoyar a las víctimas, no hay resultados que den prueba de ello, dice Nuño. 

“La Comisión tiene problemas de cultura organizacional, del perfil del personal que se contrata, vicios, la grilla interna. Por su tamaño, la CNDH siempre ha sido botín para contratar cuates o repartir cuotas”, coincide Anaya. 

“La protesta refleja el grito desesperado de las víctimas. Hoy fue la CNDH, mañana puede ser la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para mí, lo que importa es entender que las quemas, las pintas, no son algo novedoso, sino la desesperación de las personas que ven amenazados sus derechos”, dijo la académica. 

Anaya considera que la toma “simboliza una crítica fortísima para toda la institucionalidad mexicana que tiene que ver con la salvaguarda de los derechos humanos en el país”. 

Las mujeres al frente de la lucha 

Los feminicidios y las desapariciones son problemas que atraviesan de una forma particular a las mujeres. Esta es una de las tantas razones por las que, considera Anaya, son uno de los grupos que más se ha movilizado en los últimos años. “Son la cabeza y el corazón del movimiento de derechos humanos en México”, afirma. 

“La defensa de los derechos humanos en el país tiene una perspectiva de género muy clara, son las mujeres quienes han estado en la primera fila de la exigencia de los derechos”, añade Nuño. 

Los académicos coinciden en que se necesitan políticas públicas que soporten y estén a la altura de las circunstancias y necesidades de las personas que luchan por los desaparecidos y los feminicidios. Estos tendrían que ser ejes principales y urgentes de la CNDH. 

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