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Los grupos armados y criminales en el departamento del Cauca, en Colombia, parecen estar aprovechando las restricciones para evitar la propagación del coronavirus para expandir su presencia y control sobre el territorio, advirtió la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos este viernes.

En lo que lleva del año, al menos 13 defensores de derechos humanos han sido asesinados, incluidos tres en los últimos días, una situación “profundamente preocupante” para la Oficina de Michelle Bachelet.

“Aunque estos últimos casos todavía están siendo verificados por nuestra Oficina, hemos recibido informes de que, el 22 de abril, Hugo de Jesús Giraldo, un líder social, fue asesinado en la ciudad de Santander de Quilichao. El fin de semana pasado, otros dos líderes sociales, Mario Chilhueso y Teodomiro Sotelo Anacona, también fueron asesinados, así como Andrés Andrelio Cacimanca Burbano, el esposo de otra líder social”, informó el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.

Un número creciente de grupos armados, así como grupos criminales que luchan por el control de las economías ilícitas en este territorio, están detrás de la mayoría de los ataques, que han aumentado en los últimos meses.

“La pandemia de COVID-19 y las restricciones impuestas por el Gobierno y por las propias comunidades para evitar la propagación del virus parecen haber agravado una situación ya violenta y volátil”, explicó el portavoz.

Amenazas a indígenas y agricultores

Según la Oficina, además de lo que parecen ser asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, se han recibido informes diarios de amenazas, incluidas amenazas de muerte, y hostigamiento contra la población local, incluidos los agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que intentan asegurar que se cumplan las medidas de confinamiento y prevención.

En algunas partes del departamento del Cauca, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados y criminales se han intensificado, incluso en los territorios indígenas. Los civiles han quedado atrapados en la violencia, lo que resultó en la muerte de un niño indígena en Toribío y el desplazamiento forzado de las comunidades rurales en Argelia y El Tambo.

A la Oficina también le preocupan los ataques contra excombatientes de las FARC-EP. Según la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 36 han sido asesinados en el Cauca desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre de 2016.

“Hacemos un llamado a todos los involucrados en esta violencia para detener los combates, en línea con el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas a un alto el fuego global, para que las medidas destinadas a prevenir la propagación de COVID-19 puedan implementarse adecuadamente”, dijo Colville.

La Oficina de Michelle Bachelet recordó a las autoridades su obligación de prevenir ataques y proteger a la población local. Cualquier ataque contra los defensores de los derechos humanos socava el espacio democrático, incluido el derecho a participar. Una respuesta integral de las autoridades civiles y de seguridad es particularmente relevante en las zonas rurales.

“Hacemos un llamamiento al Gobierno para que realice investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos y responsabilice a los responsables. Todas las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y las reparaciones”, concluyó el portavoz.