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La relatora especial de sobre los derechos de personas con discapacidad de la ONU, Catalina Devandas, considera que se ha hecho poco para proporcionar la orientación y los apoyos necesarios a las personas con discapacidad con el fin de protegerlas durante la actual pandemia del coronavirus COVID-19, aun cuando muchas de ellas pertenecen al grupo de alto riesgo.

“Las personas con discapacidad sienten que las han dejado atrás”, dijo la experta. “Las medidas de contención, como el distanciamiento social y el aislamiento personal, pueden ser imposibles para quienes requieren apoyo para comer, vestirse o ducharse”, explicó.

Devandas indicó que “este apoyo es básico para su supervivencia” por lo que pidió que los Estados tomen medidas adicionales de protección social “para garantizar la continuidad de los apoyos de una manera segura a lo largo de la crisis”.

La experta de la ONU recalcó que los ajustes razonables son esenciales para permitir a las personas con discapacidad reducir el contacto y el riesgo de contaminación.

Debe permitirles trabajar desde el hogar o recibir licencias con goce de sueldo para garantizar la seguridad de sus ingresos. Sus familiares y cuidadores también pueden necesitar estas medidas para poder brindarles el apoyo requerido durante la crisis.

“Además, es vital el acceso a apoyos económicos adicionales para reducir el riesgo de que estas personas y sus familias caigan en la pobreza o mayor vulnerabilidad”, explicó Devandas.

“Muchas personas con discapacidad dependen de servicios que han sido suspendidos, o no tienen los suficientes recursos para hacer reservas de alimentos y medicinas o pagar los costos adicionales de las entregas a domicilio”, alertó.

Devandas señaló también que la situación de las personas con discapacidad que están en instituciones, establecimientos psiquiátricos y prisiones es particularmente grave, por el riesgo de contaminación y la ausencia de supervisión externa, situación que se agrava por el uso de los poderes de emergencia por la crisis sanitaria.

Una mayor responsabilidad de los Estados

“Las restricciones deben estar claramente delimitadas, de modo que se usen las medidas menos intrusivas para proteger la salud pública”, agregó.

E indicó que, por ejemplo, “limitar el contacto con sus seres queridos deja a las personas con discapacidad totalmente desprotegidas frente a cualquier forma de abuso o negligencia en dichas instituciones.”

“Los Estados tienen una responsabilidad mayor con esta población debido a la discriminación estructural que enfrentan”, agregó.

La experta de la ONU recalcó que las personas con discapacidad deben tener la garantía de que su supervivencia es considerada una prioridad y urgió a los Estados a establecer protocolos para emergencias de salud pública a fin de garantizar que, cuando los recursos médicos sean limitados, no se les discrimine en el acceso a la salud, incluyendo las medidas para salvar vidas.

Más de 1000 millones de personas, el 15 % de la población mundial, tienen alguna forma de discapacidad.

higiene

Para enfrentar la pandemia es crucial que la información sobre cómo prevenir y contener el coronavirus sea accesible para todo el mundo” explicó la experta.

“Las campañas de información pública y la información proporcionada por las autoridades nacionales de salud debe estar disponible en lengua de señas y en modos, medios y formatos accesibles, incluida la tecnología digital, los subtítulos, los servicios de relevo, los mensajes de texto, la lectura fácil y el lenguaje sencillo.”

Además, “las organizaciones de personas con discapacidad deben ser consultadas y estar involucradas en todas las etapas de respuesta al COVID-19”, concluyó Devandas.

El llamado de la experta cuenta con el apoyo de la relatora especial para la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares, Alice Cruz, y de la experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad.