Proceso

Víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en la Sierra Tarahumara solicitaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que presente al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley para la atención del desplazamiento forzado en México, que responda a la problemática que afecta a miles de personas en el país.

La principal demanda de las personas desplazadas por inseguridad en sus comunidades, es abatir la impunidad y legislar para un retorno seguro.

Durante la visita al municipio de Nuevo Casas Grandes, el grupo de personas desplazadas y organizaciones de la sociedad civil que acompañan sus casos, solicitaron a López Obrador acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno para que integren “con debida diligencia, las carpetas de investigación”.

Asimismo, exigieron que se sancione a los responsables del homicidio del activista Cruz Soto Caraveo, quien fue privado de la libertad y asesinado, a pesar de tener medidas cautelares de seguridad.

Otra petición fue la investigación, sanción y pacificación de las zonas de expulsión y la garantía de seguridad de la población para un retorno seguro; el otorgamiento de viviendas propias y un empleo digno, así como condiciones adecuadas para que las personas desplazadas tengan mayor estabilidad, y quienes son indígenas puedan reproducir su cultura, base de supervivencia.

A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) pidieron que realice, sin demora, el reconocimiento de la calidad de víctimas de las y los desplazados y garantice sus derechos derivados de esta condición

En un oficio entregado al presidente de la República, le dicen que, sabiendo de su interés por las personas, se acercan para reiterar que el desplazamiento forzado no ha cesado en el estado de Chihuahua desde 2014, cuando llegaron a la capital las primeras familias que han acompañado organizaciones de la sociedad civil.

“A pesar de los esfuerzos para visibilizar y denunciar los casos, las autoridades estatales no han logrado sancionar a los responsables de las más de 100 personas que se acompañan desde entonces; tampoco se han realizado acciones contundentes para que las familias logren el regreso a sus hogares en condiciones de seguridad. Incluso, en el caso de Cruz Soto Caraveo, quien se encontraba en situación de desplazamiento desde el año 2014 y en octubre del año pasado fue privado de su libertad y encontrado asesinado, no hay a la fecha resultados concretos”, reiteran.

Y es que los casos se han acumulado. Hay víctimas de desplazamiento cuyos casos son apoyados por organizaciones civiles y otros que han sobrevivido sin apoyo.

En el oficio entregado a Andrés Manuel López Obrador, explican que, en el caso de Chihuahua, el desplazamiento forzado interno es consecuencia de la impunidad y la falta de justicia que se han vivido por largo tiempo.

“Es una reacción de cientos de familias a la violencia e inseguridad generalizada provocada por integrantes del crimen organizado que operan en grandes territorios y que se dan, en presencia, en ausencia y en ocasiones en connivencia con instituciones del estado”, señalan.

En el 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de la comunidad indígena de El Manzano, del municipio de Uruachi (colinda con el estado de Sonora). La solicitud al Estado mexicano es la adopción de las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de las y los integrantes de la comunidad, medidas cubiertas parcialmente.

“Esta problemática atrajo la mirada internacional con la visita de la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, en septiembre de 2018. La visita de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, en 2017, quienes manifestaron la necesidad de afrontar la problemática en conjunto con las autoridades federales”.

Y advierten:

“Las afectaciones del desplazamiento son la imposibilidad de que las personas desplazadas puedan vivir en su comunidad y el impedimento de realizar su vida de acuerdo con sus usos y costumbres. Además, poder desarrollar sus labores, sin seguridad alguna, al no contar con recursos propios, acceso a una vivienda digna, servicios de salud y educación, además de empleo estable, entre otras muchas situaciones”.