Rossi A. G.

De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.

El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0%), que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7%).

En 2018 se registraron 3 752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales.

Hace 36 años que se celebró en la ciudad de Bogotá, Colombia el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, en el que participaron feministas latinoamericanas de México, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Colombia, con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar la situación de las mujeres de la región. En dicho encuentro se propuso organizar actos en toda América Latina contra la violencia que sufren las mujeres y declarar el 25 de noviembre el Día Internacional de la NO Violencia contra la Mujer, en memoria de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo, en República Dominicana.

A la postre, el 17 de diciembre de 1999 la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución A/RES/54/134, declaró el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mediante la cual insta a los gobiernos, instituciones, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, así como a organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a llevar a cabo durante ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer, entendiendo violencia contra la mujer como “…todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Asimismo, este documento reconoce que la violencia contra las mujeres no es un problema de índole privado, sino social y que “…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer”.

A poco de cumplirse 20 años de esa resolución, el INEGI mantiene su compromiso de continuar generando información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país a fin de proporcionar herramientas para el diseño y definición de acciones para prevenir, atender y eliminar la violencia contra las mujeres.