Roberto Desachy Severino

El próximo domingo habrá elecciones extraordinarias y, finalmente, se determinará quién gobernará Puebla por los próximos 5 años y meses.

Independientemente de quién gane los comicios del 2 de junio –las encuestas apuntan que será el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta- el siguiente gobernador deberá trabajar desde el 1er día y a marchas forzadas para combatir la inseguridad que aqueja a Puebla y que la tiene – según el Semáforo Delictivo- en luz roja en 9 de los 11 crímenes con mayor daño social.

El más reciente Semáforo Delictivo, el de abril, no deja lugar a dudas de que el siguiente gobernador de Puebla tendrá que poner orden en los ayuntamientos y coordinarse con los presidentes municipales y el gobierno federal, para combatir la imparable cadena de delitos que se desató desde finales del año pasado: Semáforo Delictivo

Y vaya que la tarea no será nada fácil , porque la entidad presentó en abril números rojos en 9 de los 11 delitos que más dañan a la sociedad, como homicidios, secuestros, robo a vehículo, casa y negocio, lesiones, violación, violencia intrafamiliar y feminicidios. En los crímenes de extorsión y narcomenudeo se obtuvo luz amarilla.

92 HOMICIDIOS, 4 SECUESTROS Y 72 VIOLACIONES… LOS DELITOS QUE DEBERÁ COMBATIR EL PRÓXIMO GOBERNADOR

Los números del Semáforo Delictivo son contundentes, demoledores: 92 homicidios, 4 secuestros, 1122 robos de vehículos, 234 asaltos a casa-habitación, 467 hurtos a negocios, 531 denuncias por lesiones, 72 violaciones sexuales, 3 feminicidios y 844 incidentes de violencia intrafamiliar resumen la espeluznante problemática que sufrió Puebla en abril pasado y que, muy seguramente, tendrá que afrontar el siguiente mandatario estatal.

Como puntero en la contienda, Miguel Barbosa ha reiterado que desde el 3 de junio –un día después de la elección- trabajará con los diferentes presidentes municipales para que la seguridad y la paz regresen a Puebla: Ofrece Miguel Barbosa trabajar desde el 3 de Junio en el combate a la inseguridad

Su adversario del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas, también ha mencionado la inseguridad como uno de los rubros en que deberá trabajar, en caso de ganar las elecciones. Aunque reconoció que le tomaría 2 años dar resultados en este rubro: Enrique Cárdenas promete reducir la inseguridad en 2 años

Fiel a la pasividad y parsimonia mostrada en toda su campaña, el candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, fue el que menos énfasis puso en la seguridad, porque no lo abordó a fondo y decidió hablar de generalidades y lanzar promesas al viento: Combatir la inseguridad de manera integral ofrece Jiménez Merino al sur de la ciudad

INSEGURIDAD, BOLA DE NIEVE QUE SE CREÓ DURANTE AÑOS

El problema con la marea delictiva no es endémico –ni mucho menos- de Puebla o de gobiernos emanados de un partido u otro: Guanajuato (PAN) tiene el semáforo rojo en 9 de los 11 delitos de mayor impacto social, mientras que lo mismo ocurre en el Estado de México (PRI), que salió reprobado en 8 crímenes, incluidos el homicidio, extorsión, violaciones, etc.

Y para los que pretendan culpar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de la grave crisis de inseguridad del país, habrá que recordarles que –de acuerdo a cifras del INEGI- la bola de nieve de delitos se ha acumulado al menos desde el 2010, cuando el panista Felipe Calderón mal gobernaba el país.

La incidencia delictiva, entendida como la cantidad de denuncias impuestas ante el MP por cada 100 mil habitantes, ha mantenido un crecimiento constante en los años recientes, ya que en el 2010-2011 fue de 30 mil 535 incidentes reportados. Un año después bajó a 29 mil 200, pero en el 2012-2013 se elevó a 35 mil 139 incidentes reportados.

INCIDENCIA DELICTIVA: EL ÚNICO INDICADOR QUE LOS GOBIERNOS DE FELIPE CALDERÓN Y ENRIQUE PEÑA NIETO MANTUVIERON EN CRECIMIENTO PERMANENTE

En 2013-14 este indicador subió a 41 mil 563 delitos denunciados por cada 100 mil habitantes, mientras en el 2014 fue de 41 mil 655 querellas. Con ello, ése fue el peor año en la historia del país en materia de inseguridad pública y violencia.

En el 2015, cuando hubo comicios federales intermedios, la administración priísta de Peña Nieto trabajó un poco para enfrentar la inseguridad y disminuyó la incidencia delictiva a 35 mil 497 denuncias, aunque retomó su nivel de ineficiencia y corrupción en el 2016, cuando se interpusieron 37 mil 017 recursos legales.

Finalmente, en el 2017, último año que abarca el INEGI, la incidencia delictiva quedó en 39 369 ataques denunciados contra el patrimonio de los ciudadanos. Fue la tercera peor cifra desde que se tiene registro de este indicador.