Rossi A. G. 

· La actual administración sí combate a la corrupción, pero con poca transparencia

· IBERO cumple con su responsabilidad al abrir una especialidad enfocada a la rendición de cuentas

Aunque las medidas tomadas en contra del ‘huachicoleo’ muestran la voluntad política del gobierno federal de enfrentar la corrupción, se corre el riesgo de que el combate a la corrupción se cumpla por decreto de una decisión presidencial, y no se logre avanzar en la construcción de una agenda común que involucre a los gobiernos, ciudadanos y medios de comunicación, consideró el doctor Diego García Ricci, académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Reconoció que es importante que un gobierno decida combatir la corrupción; lo que se ha visto en la presente administración, pero con poca transparencia. “Nos dicen, vamos a procesar a gente, pero no nos dicen sus nombres; nos dicen que va a haber sanciones, pero tampoco nos dicen de qué tipo o por qué se va a sancionar; y se hace una licitación para adquirir pipas de gasolina, pero no nos dicen la manera en que se contrató”.

Para el docente del Departamento de Derecho, mantener en reserva los nombres de personas vinculadas a actos de corrupción es una práctica poco transparente que va creando mantos de opacidad.

Ciertamente es muy cómodo argumentar que se está protegiendo la presunción de inocencia y la privacidad, pero en casos como el de Petróleos Mexicanos (Pemex) es inadmisible ese argumento; porque si hay elementos suficientes para abrirle un proceso penal o administrativo a alguien, es necesario que la sociedad sepa quiénes son esas personas, porque la misma comunidad puede aportar elementos valiosos para sancionarlos o eximirlos de toda responsabilidad.

Sobre cómo saber si quienes dice el gobierno son efectivamente los responsables, el Dr. García sostiene que la sociedad puede verificar eso si los ciudadanos acompañan al gobierno en los procesos contra la corrupción, lo que ayudaría a que no se fabriquen culpables.

Por ejemplo, en días recientes Animal Político y Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad lograron demostrar a la presente administración que había funcionarios de Pemex, con nombre y apellidos, que estaban vinculados con acciones relacionadas con la Estafa Maestra. El gobierno investigó y terminó por destituirlos de sus cargos. Un caso que “me da esperanza de que puede darse este mecanismo de participación ciudadana y de gobierno, si se sabe plantear y si se sabe exigir”.

Sin embargo, en el reciente índice de Corrupción Mundial, elaborado por Transparencia Internacional, México pasó del lugar 135 al 138 (de 180 países), lo que según el profesor de la IBERO demuestra que los mecanismos contra la corrupción que se diseñaron durante el sexenio de Peña Nieto todavía no están funcionando o de plano no funcionaron; un problema que podría deberse a que nunca se nombraron al fiscal anticorrupción y a los magistrados especializados.

“Por qué fue esto: ¿por falta de voluntad política?, ¿porque a los propios partidos políticos no les interesa?, ¿porque no ha habido ciudadanos que lo exijan?; me parece que, aunque ha habido organizaciones que lo han exigido de manera contundente, no hemos sido capaces de transmitir esa molestia ciudadana, porque hoy por hoy con la nueva administración siguen sin ser nombrados el fiscal anticorrupción, el fiscal de derechos humanos y el fiscal electoral”.

Asimismo, ha faltado un acompañamiento a los ciudadanos para ayudarlos a presentar denuncias, a quejarse y a exigir rendición de cuentas, añadió García Ricci, coordinador de la ‘Especialidad en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción’ de la Universidad Iberoamericana.

Corrupción e impunidad

Un tema ligado a la corrupción es el de la impunidad, la que en 2017 le costó a México más de 7 mil 218 millones de pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.

Pese a la enorme cifra, la impunidad “no figura dentro de las principales preocupaciones de la población en general”, aseveró el doctor Alejandro Anaya Muñoz, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), universidad que al igual que la IBERO está confiada a la Compañía de Jesús.

Por tal motivo, Anaya coordina el proyecto de divulgación ‘Los costos de la impunidad’, para visibilizar la impunidad en México, con la intención de que desde la sociedad se impulsen acciones que deriven en su disminución. Disminución que puede darse, en opinión del Dr. Diego García, con una buena aplicación de la ley y sin la existencia de personajes intocables, es decir, que la ley pueda incluso alcanzar a gobernadores y secretarios de Estado vinculados a casos de corrupción.

La transparencia y la rendición de cuentas también pueden ayudar a combatir la corrupción y la impunidad. Por una parte, al requerirle a las autoridades hacer públicos todos los aspectos relacionados con el ejercicio del gobierno; y por otra, al exigirle a los ciudadanos estar pidiendo transparencia, “porque si no la piden, el propio Estado no la va a generar”.

“Hay obligaciones de transparencia por parte de la ley, pero se requiere una ciudadanía activa. Cuando se transparente es cuando se pueden encontrar los casos de corrupción, y una vez que encuentras los casos de corrupción, se tienen que llevar a la justicia para sancionar a los responsables”.

En este orden de ideas, el doctor García Ricci mencionó que ante la ausencia de programas académicos en instituciones de educación superior orientados a dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para que puedan denunciar actos de corrupción y exijan transparencia al gobierno, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México lanzó su Especialidad en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción (próxima a iniciar cursos).

De esta manera la IBERO da cumplimiento a su responsabilidad social de sumarse a los esfuerzos del Estado de crear en México una cultura de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Este compromiso es compartido por el ITESO, que ha manifestado a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México su interés por abrir un programa de posgrado similar al que coordina García Ricci, por lo que ha solicitado a la IBERO su apoyo para llevar a cabo ese plan. Así, ambas instituciones del Sistema Universitario Jesuita colaboran entre ellas para contribuir a la creación de un mejor país.