Ernesto López Portillo

· La vía correcta es la refundación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, un órgano técnico que profesionalice las políticas en la materia

Ya lo sabemos, cada año México rompe su marca de homicidios violentos. En realidad, nuestra crisis de violencia es regional. Proyecciones del Instituto Igarapé de Brasil enseñan que, de continuar la tendencia de la violencia homicida, esta región irá desde 15 homicidios violentos en promedio por cada 100 mil habitantes en el año 2000, hasta casi 40 en el 2030; eso representaría una tasa de homicidios 11 veces superior a la proyectada para África, la cual decrece de manera consistente. La región es el más extremo laboratorio del mundo en el fracaso de las políticas de seguridad y la medicina más usada se conoce como “mano dura”. O se hace cirugía total a esas políticas o cumpliremos fatalmente es proyección.

El Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO se creó para ayudar a vincular el conocimiento teórico y empírico a la construcción de políticas públicas de seguridad eficaces en la reducción de riesgos, daños y temores y armónicas con los derechos humanos. Promovemos en consecuencia una visión integral de la seguridad que, en atención a las mejores prácticas en los regímenes democráticos, antepone la prevención de la violencia y el delito sobre las medidas de control.

En México ha persistido históricamente el modelo inverso y predominan las políticas públicas que prefieren las medidas dirigidas al uso de la fuerza pública y el castigo penal, sobre la prevención. Ahora mismo vivimos un renovado impulso a favor de la “mano dura” desde el gobierno federal que, si bien reconoce la necesidad de revertir la marginación para la reconstrucción del tejido social, a la vez coloca el endurecimiento en el uso de la fuerza pública y el incremento de la prisión en el centro de la promesa de la seguridad.

Estamos ante la continuación de la vieja inercia, si bien la propuesta de creación de la Guardia Nacional (GN) suma componentes aún más peligrosos.

La historia en breve enseña que pasamos de la reforma constitucional en 1994 que creó un Sistema Nacional de Seguridad Pública formalmente conducido por autoridades civiles, a su vez auxiliadas de manera subordinada y excepcional por las fuerzas armadas, a otra propuesta de reforma constitucional, 25 años después, promovida por el presidente López Obrador que entregaría a dichas fuerzas armadas la autorización para realizar tareas policiales de manera directa, permanente y potencialmente irreversible.

En representación de este programa asistí en dos ocasiones a la Cámara de Diputados, invitado por la Comisión de Puntos Constitucionales el 12 de diciembre de 2018 y por la Junta de Coordinación Política el 11 de enero de 2019, sometiendo a la consideración de las y los congresistas la propuesta de instalar un panel de análisis de la evidencia que, antes de aprobar la creación de la GN, ayudará a saber qué funciona y qué no funciona para construir seguridad en democracia y con derechos humanos.

Una de nuestras líneas de trabajo ha consistido en sistematizar la información y la evidencia disponibles respecto a la intervención militar en México en tareas policiales en las últimas décadas; nuestros hallazgos arrojan múltiples cuestionamientos profundos ante cualquier decisión que busque prolongarla (próxima publicación del reporte). Por eso la propuesta al poder legislativo federal fue hacer un alto para valorar los méritos de la creación de la GN, no en abstracto en términos políticos, sino en concreto en términos técnicos, justamente colocando en el centro la evidencia disponible.

Nuestra propuesta ahí explicada fue no repetir, una vez más, el discurso político popular que reitera la gravedad de la violencia, la necesidad de medidas urgentes y la engañosa idea de que no hay otra vía.

En las audiencias llevadas a cabo entre el 8 y el 12 de enero en la Cámara de Diputados, representantes de más de veinte universidades, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas cuestionaron la creación de la GN, incluyendo en sus argumentos discusiones conceptuales, de política pública, jurídicas y evidencia empírica sistematizada, todo lo cual, al menos, obliga a la revisión profunda de la iniciativa.

Vale recordar, además, que desde octubre de 2017, en el contexto de la discusión en torno a la entonces propuesta de Ley de Seguridad Interior, cincuenta expertas y expertos se postularon a favor de consolidar políticas de seguridad pública que aseguren la profesionalización de las instituciones civiles y el retino paulatino de la intervención militar.

Por si fuera poco, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido nueva sentencia contra México donde dispone que la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales debe ser “extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso”.

La propuesta de creación de la GN está ahora en manos del Senado. Desde aquí hacemos un nuevo llamado a ponderarla en función de la experiencia documentada. Desde nuestra perspectiva, la GN y el regreso al incremento de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa prolonga una política contrapuesta a un Estado democrático de derecho y en sí misma reproductora de la violencia y las violaciones graves a los derechos humanos.

Las medidas contingentes de contención son necesarias sin duda; pero cuando se colocan en el centro de la promesa de seguridad, aprovechando su popularidad, solamente prolongan el daño y el dolor. Está ampliamente documentado.

Lo reiteramos: la vía correcta es la refundación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para ser convertido en un órgano técnico de Estado, dotado de un sistema de contrapesos que incluya la vigilancia social y que de una vez por todas profesionalice las políticas en la materia, vinculándolas al conocimiento y a la verdadera rendición de cuentas.

*Ernesto López Portillo es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO