Roberto Desachy Severino
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Tlaxcala trabaja las 24 horas del día y los 365 días del año, pero no se da abasto, necesita –urgente- el respaldo del gobierno federal, tanto el de Enrique Peña Nieto como el de Andrés Manuel López Obrador, ya que en este 2018 se han triplicado los casos de huachicol o robo de combustible.
Las cifras oficiales de Pemex no mienten, porque mientras en el 2017 se detectó un total de 122 tomas clandestinas de combustible en Tlaxcala, apenas en agosto pasado ya se habían desactivado 308 casos de “ordeña” en dicho estado: Reporte de tomas clandestinas en 2018
Si se toma en cuenta que en el 2016 los casos de “huachicol” en la mencionada entidad reportados oficialmente fueron 120, entonces queda más que claro que este delito del orden federal ha ido a la alza durante los últimos años: Tomas clandestinas 2017
Por varias razones era cuestión de tiempo para que el cáncer del robo de combustible llegara a tierras tlaxcaltecas: como en las demás entidades del centro del país, cuenta con varias instalaciones de Pemex en gas y petroquímica básica, además de que es vecino de otros estados que, también, enfrentan un severo problema de huachicoleo, como Puebla (1521 tomas detectadas en 2018), Veracruz (1095 tomas clandestinas clausuradas este año) y Estado de México (998).
CON PEÑA NIETO, PEMEX NO HA LOGRADO CONTROLAR EL ROBO AL PATRIMONIO NACIONAL
Además, las cifras no mienten y demuestran que – con Enrique Peña Nieto en el gobierno federal – la paraestatal Pemex y sus múltiples directores, Carlos Alberto Treviño Medina (actual); José Antonio González Anaya (2016 y 2017) y Emilio Lozoya Austin (2012-2016) no han logrado detener el delito federal del huachicol.
Incluso, en su informe de labores del 2016, González Anaya admitió que entre 2011 y 2016 se incrementaron en más de 500% las tomas clandestinas detectadas, que en el 2011 fueron 1361 y 5 años más tarde ya habían alcanzado la cifra de 6873: Informe de sustentabilidad 2016
En el 2017 las ordeñas de combustible de Pemex clausuradas por autoridades federales y/o estatales fueron 10 mil 363 en todo el país y, hasta agosto pasado, ya se habían detectado 10 mil 101 ataques de este tipo, lo que permite proyectar que para finales del 2018 seguramente se alcanzará un nuevo máximo histórico en este delito.
En el caso concreto de Tlaxcala, la Comisión Estatal de Seguridad ha reforzado sus operativos y obtenido buenos resultados, al incrementar la detección y captura tanto de huachicoleros como de sus vehículos: En operativo “Fortaleza” Policía Estatal aseguró 13 vehículo utilizado para el robo de combustible
QUE PEMEX Y LOS PINOS ASUMAN SU RESPONSABILIDAD CONTRA EL HUACHICOL
La CES realiza operativos permanentes contra los ordeñadores de combustible y logra capturarlos, pero hace falta que Pemex y, en especial, el gobierno federal apoye a las entidades que enfrentan el grave problema social, ecológico y de seguridad que representa el huachicol: El grupo de operaciones especiales de la CES, aseguraron un vehículo con hidrocarburo en Ixtacuixtla
La realidad es que la ordeña de ductos y el hurto de hidrocarburos son delitos federales, que atentan directamente contra el patrimonio nacional. Por lo mismo, es criminal e inaceptable que Pemex, la PGR, Sedena, Semar y demás dependencias federales intenten endosarles este problema a los gobiernos estatales, como ocurre hasta la fecha.
Además, es necesaria mucha mayor coordinación y trabajo conjunto entre las entidades que enfrentan el huachicol, como Puebla, Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Tamaulipas, EdoMex, etc. Al ser un problema común y compartir carreteras y ductos, sería lógico que, junto con Pemex, reforzaran las medidas contra este crimen que, en muchos casos, tiene el tufo de la delincuencia organizada.
