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El viernes 2 octubre se llevó a cabo en la capital chilena una movilización masiva en la que se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Cuando las personas que protestaban corrieron para huir de la fuerza policíaca, un carabinero empujó desde un puente a un joven de 16 años, quien cayó siete metros al río Mapocho, sufriendo fracturas y traumatismos craneales. Los uniformados no intentaron rescatar al muchacho pese a que éste quedo tendido inconsciente y boca abajo, fueron por los propios manifestantes quienes lo auxiliaron.

La Oficina en América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó este lunes a investigar a fondo la actuación de la policía en el puente Pío Nono en Santiago de Chile, donde se produjo el incidente que dejó gravemente herido al adolescente.

La Oficina subrayó la urgencia de indagar y, si procede, juzgar y sancionar la responsabilidad individual del funcionario del cuerpo de carabineros directamente involucrado, así como la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación, ya que es muy preocupante que esos servidores públicos no hayan prestado ayuda a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles.

El representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab encomió a los rescatistas civiles y afirmó que merecen todo el reconocimiento y apoyo de la sociedad chilena.

Este acontecimiento se produjo a 20 días del plebiscito por una nueva Constitución en Chile y a un año de que se iniciara una ola de protestas en el país.

No es una excepción

Según la Oficina, el caso del puente Pío Nono no es excepcional, sino que se suma a una extensa lista de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas del orden cometidas en el contexto de movilizaciones de protesta.

Dichas violaciones se han documentado en distintos informes internacionales y nacionales, como el la propia Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos después de su misión al país en 2019, los de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros.

“Preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, pues son conductas reiteradas. Hago un llamado a que se identifiquen los patrones y se analicen las causas que favorecen estas prácticas”, dijo Jarab.

El representante de la ONU enfatizó que “se necesita una reforma profunda de las fuerzas del orden y de seguridad, que tenga como pilares la profesionalización de sus agentes, la formación en derechos humanos, la subordinación a la autoridad civil y, sobre todo, que incluya mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles”.

Agregó que también se deben abordar las causas estructurales del descontento en la sociedad, como la desigualdad socioeconómica y la inequidad social.

“El Estado debe proteger los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación”, puntualizó el experto.

Por otra parte, la Oficina valoró que la Fiscalía haya iniciado con celeridad la investigación sobre los acontecimientos del 2 de octubre. El carabinero responsable del incidente fue detenido y acusado de homicidio frustrado.