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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), expresaron su profunda tristeza por la trágica muerte de decenas de migrantes y refugiados en el mayor naufragio registrado en la costa libia este año.
Unos 37 supervivientes, principalmente de Senegal, Mali, Chad y Ghana, fueron rescatados por pescadores locales y luego se les detuvo al desembarcar. Los testigos informaron al personal de la OIM que otras 45 personas, incluidos cinco niños, perdieron la vida cuando el motor del barco explotó el pasado lunes frente a la costa de Zwara.
Las dos organizaciones piden una revisión de la acción de los países con respecto a estas tragedias, ya que existe una necesidad urgente de fortalecer la capacidad actual de búsqueda y rescate para responder a las llamadas de socorro.
“Aún hay una ausencia de un programa específico de búsqueda y salvamento dirigido por la Unión Europea. Sin un aumento inminente de la capacidad de búsqueda y rescate, existe el riesgo de un desastre similar a los incidentes que provocaron una gran pérdida de vidas en el Mediterráneo central antes del Mare Nostrum”, señalaron las agencias en un comunicado.
Rescates rápidos y sin condiciones
Los barcos de las ONG han desempeñado un papel crucial para salvar vidas en el mar en medio de una fuerte reducción en los esfuerzos liderados por los Estados europeos. “No debe obstaculizarse el imperativo humanitario de salvar vidas y deben levantarse rápidamente las restricciones legales y logísticas a su trabajo”, apuntaron las organizaciones.
Tanto ACNUR como OIM dijeron estar profundamente preocupados por los recientes retrasos en el rescate y el desembarco de migrantes.
“Instamos a los Estados a que respondan rápidamente a estos incidentes y proporcionen sistemáticamente un puerto seguro y predecible a las personas rescatadas en el mar. Los retrasos registrados en los últimos meses y la falta de asistencia son inaceptables y ponen vidas en riesgo evitable”, afirmaron.
Las agencias aseguraron que cuando los buques comerciales sean el barco más cercano capaz de realizar un rescate, se les debería proporcionar rápidamente un puerto seguro para el desembarco de los pasajeros. Tampoco se les debe dar instrucciones para que devuelvan a las personas a Libia, donde corren el riesgo de sufrir el conflicto en curso, así como graves violaciones de derechos humanos y detenciones arbitrarias tras el desembarco.
Los buques estatales libios asumen cada vez más la responsabilidad de llevar a cabo los rescates, lo que ha provocado que más de 7000 personas hayan sido devueltas a Libia en lo que va de 2020.
La asistencia y las responsabilidades asignadas a las entidades de búsqueda y salvamento libias deben estar bajo la condición de que nadie será detenido arbitrariamente, maltratado o sometido a violaciones de derechos humanos tras el desembarco. Sin tales garantías, se debería reconsiderar el apoyo y redefinir las responsabilidades de búsqueda y salvamento, recalcaron las agencias.
Un problema de larga data
Al menos 302 migrantes y refugiados han muerto en esta ruta en lo que va de año, y es probable que el número sea mucho mayor.
La OIM y ACNUR reconocieron los continuos desafíos que representan las llegadas por mar y reconocieron los esfuerzos de los países del Mediterráneo para seguir recibiendo refugiados y migrantes rescatados.
En el contexto de la pandemia de COVID-19, dos tercios de las naciones europeas han encontrado formas de gestionar sus fronteras de forma eficaz al tiempo que permiten el acceso a sus territorios a las personas que buscan asilo.
Los exámenes médicos en las fronteras, la certificación sanitaria o la cuarentena temporal a la llegada son algunas de las medidas adoptadas. Las agencias enfatizaron que la pandemia no debe utilizarse como excusa para negar a las personas el acceso a todas las formas de protección internacional.
Una migración que se puede gestionar
Este año han llegado a Italia y Malta más de 17.000 personas en embarcaciones que zarpan de Libia y Túnez, lo que triplica la cantidad registrada en 2019.
“Sin embargo, el número ha disminuido drásticamente en comparación con lo últimos cinco años y es posible de gestionar con voluntad política y solidaridad de la Unión Europea. Reiteramos la urgente necesidad de ir más allá de los arreglos especiales hacia un mecanismo de desembarco más rápido y predecible”, recalcaron las agencias.
La inestabilidad y la falta de seguridad en Libia permite a los traficantes y delincuentes actuar con impunidad, aprovechándose de los migrantes y refugiados vulnerables.
El ACNUR y la OIM pidieron a las autoridades libias que tomen medidas firmes contra los contrabandistas y traficantes, lo que debe incluir la interrupción y el fin de las redes de contrabando dirigidas por grupos delictivos para evitar una mayor explotación y abuso.
“La comunidad internacional debe apoyar estos esfuerzos y brindar más apoyo a las autoridades en su lucha contra las redes de trata de personas”, concluyeron.
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