Desde Puebla
El intento de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala de otorgar concesiones origen-destino en carreteras de jurisdicción federal sujetará la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros a intereses políticos y electorales, dejando de lado las demandas reales de los usuarios, afirmó Arturo Balderas Moyano, director general de la organización civil Corresponsabilidad en el Transporte, S.C.
Mediante un video difundido a través de las redes sociales de dicha organización, Balderas Moyano explicó que, ante el anuncio de una “coordinación” entre los gobiernos estatal y federal para regular el autotransporte de pasajeros en las carreteras federales que atraviesan el estado de Tlaxcala, han solicitado audiencia al director del Centro SITC-Tlaxcala, Cutberto Benito Cano Cóyotl, así como al Secretario de Movilidad y Transporte de la entidad, Marco Tulio Munive Temoltzin, con la finalidad de exponer su preocupación por una acción gubernamental que implicaría la violación a la Ley de Autotransporte Federal y del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.
Detalló que en el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece que: “es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares”; por otra parte, en el artículo 8 se señala: “se requiere permiso otorgado por la Secretaría (federal) para la operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo”.
Sin embargo, la SMT de manera sospechosa, realizó una consulta a la SICT sobre sus facultades para regular el cobro de contribuciones a empresas de autotransporte en carreteras federales, para lo cual no hay facultad expresa de ley, pero que es totalmente diferente a sus facultades legales de regulación de los servicios de autotransporte de pasaje en vialidades federales.
Aunado a lo anterior, destacó que la pretensión de otorgar concesiones estatales para tramos federales podría implicar que la prestación del servicio esté sujeto a intereses político-electorales, dejando de lado la demanda real de los usuarios.
Es por lo anterior el interés de los miembros de la organización para intercambiar puntos de vista con las autoridades correspondientes para determinar la competencia de cada dependencia en la regulación del transporte que circula en vialidades federales, así como para enfatizar la violación a las leyes que regulan dichos tramos, concluyó Arturo Balderas.
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