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- El colectivo pide la intervención de la CNDH
A través de sus redes sociales dicho grupo calificó como “inadmisible” que los quieran excluir y que lo anterior representa una violación a sus derechos como víctimas. Acompañaron su mensaje con un comunicado de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado.
“Solicitamos la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pues NO quieren que estemos presentes en el Rancho Izaguirre”.
El oficio con fecha del 16 de marzo es un aviso sobre criterios para asistir al procesamiento de la zona donde fueron hallados indicios. Luego de informar que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso y que cuando la institución federal lo determine podrán acudir observadores.
“Solo podrán encontrarse en la zona personal de las instituciones que participan en el procesamiento realizado en el rancho Izaguirre”, es parte del documento firmado por Víctor Hugo Ávila Barrientos.
El posicionamiento del colectivo añade que no aceptaran la “simulación” por parte del gobierno ni soportarán la “indolencia, falta de empatía y arrogancia gubernamentales”.
Suman más de mil indicios
Hasta el corte del 14 de marzo la Fiscalía de Jalisco informó sobre el aseguramiento de más de mil indicios y días antes detalló que el inmueble contaba con diversos espacios tales como baños, cocina, habitaciones y áreas de adiestramiento.
De igual manera la Fiscalía negó que hubiera estructuras que tuvieran la función de hornos clandestinos, lo cual fue parte de las primeras hipótesis.
El caso provocó movilizaciones en diferentes partes del país tales como el Zócalo de la Ciudad de México, en la Glorieta de las y los desaparecidos de Guadalajara, así como en el Estado de México y en Michoacán.
La ubicación del rancho fue descubierta por elementos de la Guardia Nacional desde septiembre del 2024, pero fue hasta marzo de 2025 que Guerrero Buscadores de Jalisco encontraron indicios. El fiscal de Jalisco aceptó que las indagatorias en el sitio fueron insuficientes., además de que ya hay investigaciones a lo interno por presuntas omisiones en el actuar de funcionarios estatales.
El 14 de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que en días posteriores la FGR compartiría información sobre el caso.
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