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Un experto de la ONU* instó este miércoles a Venezuela a combatir las causas profundas del hambre y la desnutrición, refiriéndose a informes según los cuales casi el 82% de los venezolanos vive en la pobreza y el 53% en la pobreza extrema, con ingresos insuficientes para acceder a una canasta básica de alimentos.

Al finalizar una visita de 14 días al país, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación señaló en una declaración que “las sanciones han sido un factor, entre otros, que ha limitado la capacidad presupuestaria del Gobierno para poner en marcha programas de protección social y prestar servicios públicos básicos”.

En este sentido, Michael Fakhri hizo un llamamiento a todos los Estados involucrados para que revisen y levanten inmediatamente las sanciones sectoriales impuestas a Venezuela.

El experto expresó su especial preocupación por el grado de hambre y malnutrición que afecta a niños, mujeres, ancianos, estudiantes, personas con discapacidad, afrodescendientes y pueblos indígenas.

“La inseguridad alimentaria, la malnutrición y el deterioro de los medios de subsistencia ya han provocado la emigración masiva del país”, afirmó. “El futuro de Venezuela está en juego”.

Más allá del petróleo

El relator especial reconoció los esfuerzos del Gobierno para reducir su dependencia de la renta petrolera e impulsar la producción local en comunidades rurales, urbanas y suburbanas. “Había vida en Venezuela antes del petróleo, y a medida que los efectos del cambio climático empeoran, debe haber vida después del petróleo”, dijo.

“La mejor apuesta de Venezuela es empoderar a los campesinos, pescadores, ganaderos, agricultores urbanos y periurbanos, especialmente a las mujeres y a los pueblos indígenas y afrodescendientes”, dijo Fakhri. “Eso no sólo reforzará la soberanía alimentaria, sino que también mejorará los medios de vida locales”.

Derecho a no tener hambre

El experto señaló que Venezuela creó programas sociales hace unos años como respuesta humanitaria temporal a la crisis alimentaria. “Estos programas se han convertido ahora en un sistema de caridad y se han vuelto susceptibles a clientelismo político”, dijo.

“Lo que se necesita, en cambio, es un sistema nacional basado en el derecho a la alimentación y que aborde las causas profundas del problema. El hambre y la desnutrición son una cuestión de derechos humanos”, afirmó.

Así, el relator especial instó al gobierno de Venezuela a desarrollar un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación, basado en la legislación vigente, a través de un proceso socialmente inclusivo y los mecanismos de participación existentes.

“El derecho a la alimentación significa que toda persona tiene derecho a no tener hambre ni malnutrición”, concluyó Michael Fakhri.