España: Experta de la ONU está preocupada por el retraso de cinco años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial

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El estancamiento de las fuerzas políticas en el Parlamento español ha provocado que el Consejo General del Poder Judicial quede paralizado, advirtió hoy una experta de la ONU.

El mandato de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expiró en 2018 y, debido a la falta de acuerdo político, aún no se han realizado los nuevos nombramientos requeridos.

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de 20 miembros encargado de nombrar jueces y garantizar la independencia del poder judicial. Según la Constitución española, el Consejo debe renovarse cada cinco años. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios impide esta renovación desde 2018. Sin estos nombramientos, el órgano no puede funcionar.

Retraso en el nombramiento de los jueces

“La falta de nombramiento de miembros del CGPJ se ha traducido en un retraso sustancial en el nombramiento de jueces en todo el país”, afirmó Margaret Satterthwaite, relatora especial* de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados. “Esto obstaculiza el funcionamiento del poder judicial español en su conjunto”.

Al Consejo General del Poder Judicial se le encomiendan funciones clave en materia de nombramientos, ascensos y traslados judiciales, así como la disciplina de los jueces y la inspección de juzgados y tribunales. Estos consejos judiciales son esenciales para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes.

“Irónicamente, el retraso parlamentario ha llevado a la incapacidad de un organismo independiente de desempeñar su papel no partidista para garantizar el Estado de derecho en España”, dijo Satterthwaite.

“El derecho a un juicio justo requiere un juez imparcial. En España, esta imparcialidad está estrechamente ligada al funcionamiento libre e independiente del Consejo General del Poder Judicial”, afirmó la experta.

A finales de diciembre de 2023, las autoridades españolas pidieron a la Comisión Europea que facilitara las conversaciones para avanzar en el tema. El comisario europeo de Justicia, Didier Reyners, ya había visitado España para abordar este tema en 2022.

“Doy la bienvenida a la posible reanudación de las conversaciones destinadas a resolver el estancamiento sobre este tema e insto al Parlamento español a abordar esta crisis sin precedentes en el poder judicial con la mayor seriedad”, dijo Satterthwaite.

La relatora especial ha estado en contacto con el Gobierno de España en relación con estas preocupaciones.