ESTADO DE MÉXICO

Toluca, Méx.- Las reformas al Código Penal del Estado de México, que fueron aprobadas por diputados y diputadas de la comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, señalan que quien cometa abuso sexual infantil cuando la víctima esté bajo su custodia, guarda, educación o se aproveche de la confianza depositada se hará acreedora a una sanción de hasta 20 años de prisión.

Las reformas impulsadas por la diputada panista, Ingrid Schemelensky Castro, señalan que las penas previstas actualmente para los casos de abuso sexual aumentarán hasta en una tercera parte en su mínimo y máximo cuando el delito lo cometa uno de los cónyuges, por un ascendiente contra su descendiente, por un hermano contra el otro, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia en contra del hijastro o hijastra.

Aunado a que perderán la patria potestad o la tutela en los casos en los que se ejerza sobre la víctima.

También cuando se haga uso de la violencia física o moral o cuando el delito sea cometido por quien tenga o haya tenido relación con la víctima por motivos laborales, docentes, médicos, domésticos, religiosos o cualquier otro que implique confianza o subordinación; además, si el delito es contra una persona menor de edad, la persona condenada será destituida del cargo o empleo e inhabilitada o suspendida hasta por el término de cinco años en el ejercicio de su profesión, independientemente de las sanciones a que se haga acreedor.

De igual manera, se sancionará cuando la o el ofendido tenga alguna discapacidad que limite las actividades de su vida diaria e impida su desarrollo individual y social.

Se señala que es obligación de quien ejerza la patria protestad del menor, hacer del conocimiento o denunciar ante las instancias competentes cualquier presunto caso de abuso sexual en su contra.

Además, quien cometa el delito de abuso sexual deberá pagar y reparar los daños y perjuicios de manera integral, además de que este será incluido en los casos de reincidencia y habitualidad, por lo que no se otorgarán beneficios, sustitutivos ni la suspensión de la pena de prisión, aún en el caso de delincuentes primarios.

Dicho dictamen será remitido al Pleno Legislativo para su votación y aprobación en pleno camaral.