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El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó este viernes una resolución que impone un régimen de sanciones contra Haití y que “exige el cese inmediato de la violencia, las actividades criminales y los abusos de derechos humanos que socavan la paz, la estabilidad y la seguridad del país y de la región”.

La votación se llevó a cabo en un contexto de crisis en Haití, donde la violencia endémica de pandillas y el descontento popular han empeorado una situación humanitaria de por sí grave. Las bandas criminales mantienen bloqueada la principal entrada de combustible al país -la terminal Varreux-, lo que ha paralizado servicios tan básicos como el suministro de agua, la recolección de basura y el funcionamiento de las instalaciones sanitarias. Todo esto en medio de un nuevo brote de cólera que comenzó a principios de este mes.

Impulsado por México y Estados Unidos, el texto, que incluye medidas específicas de congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y embargo de armas durante un periodo inicial de un año, obtuvo el apoyo unánime de los 15 integrantes del órgano de seguridad, instaurando así el primer régimen de sanciones desde septiembre de 2017, cuando el Consejo aplicó ese tipo de disposiciones contra Mali.

Cumplimiento de las sanciones

Para verificar la implementación de las medidas punitivas, la resolución establece un Comité que deberá entregar un primer informe con recomendaciones al Consejo de Seguridad en un plazo de 60 días, para luego presentar un reporte anual.

Además, el documento solicita al Secretario General de la ONU que forme un Panel de Expertos por un lapso de trece meses para que asista al Comité actualizando la información de la lista de individuos y entidades sujetos a las sanciones, entre otras funciones. También le pide tomar las provisiones financieras y de seguridad necesarias para el trabajo del Panel.

El Comité será responsable de nombrar a las personas y entidades sujetas a las sanciones, que son designadas con criterios como la participación o apoyo a actividades delictivas y de violencia que involucren a grupos armados y redes criminales; el respaldo al tráfico ilícito y el desvío de armas y flujos financieros ilícitos; la obstrucción de la entrega de ayuda humanitaria; y los ataques al personal o instalaciones de la ONU.

La resolución contiene un anexo en el que, por lo pronto, designa como sujeto de las sanciones a Jimmy Cherizier (alias “Barbacoa”), el líder delictivo más poderoso y cabeza de una alianza de pandillas haitianas. Cherizier fue oficial de la Policía Nacional y ha participado en actos que amenazan la paz y la estabilidad, y dirigido o cometido atropellos graves de derechos humanos.
Amenaza para la paz en la región

El Consejo de Seguridad determinó que la violencia e inestabilidad imperantes en Haití constituye una amenaza para la paz y la seguridad de la región, por lo que recurrió al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para exigir el fin inmediato a una serie de atropellos entre los que se cuentan secuestros, violencia sexual y de género, tráfico de personas, tráfico de migrantes, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, y reclutamiento de niños por parte de grupos armados y organizaciones criminales.

Asimismo, urgió a todos los actores políticos a emprender negociaciones sustantivas para superar el actual impasse y poder celebrar unas elecciones legislativas y presidenciales libres y justas tan pronto como lo permitan las condiciones de seguridad.

La resolución indica que el Consejo mantendrá la situación de Haití bajo revisión continua y que modificará, suspenderá o levantará las sanciones según sea necesario a la luz del avance en varios puntos de referencia clave entre los que destaca el desarrollo de una capacidad judicial y un estado de derecho por parte del gobierno para gestionar la cuestión de los grupos armados y las actividades criminales.

Otro punto que incidirá en las decisiones del Consejo será la reducción progresiva de la violencia cometida por grupos armados y redes criminales, incluida la cantidad de homicidios dolosos, secuestros e incidentes de violencia sexual y de género, medidos anualmente a partir del periodo inicial de doce meses desde la adopción de la resolución.

El órgano de seguridad considerará, del mismo modo, la disminución progresiva del número de incidentes de tráfico ilícito y desvío de armas, así como de los flujos financieros ilícitos derivados de ellos, incluso aumentando el número y el volumen de las incautaciones de armas, medido anualmente, a partir del periodo inicial de doce meses.

México y Estados Unidos informaron que se encuentran trabajando en un proyecto de resolución que autorizaría una misión internacional de asistencia a Haití para abordar cuestiones de seguridad y facilitar la ayuda humanitaria. La misión, que respondería a una solicitud de ayuda del gobierno haitiano, es una opción que sugirió también el Secretario General de la ONU; sin embargo, no sería una operación de las Naciones Unidas.