Ricardo Homs

En cualquier parte del mundo civilizado la gente honorable respeta los acuerdos y compromisos firmados. Los gobiernos honorables también. México siempre lo ha hecho.

Más allá de considerar si tiene razón el presidente respecto al contenido de las cláusulas del T- Mec que Estados Unidos y Canadá cuestionan, el tema es el problema jurídico que se nos viene encima y que, -si no se negocia correctamente-, puede representar indemnizaciones que fluctúan, -según estimaciones-, en un rango de entre 10 mil y 30 mil millones de dólares.

Además, si los tribunales internacionales le dieran la razón a Estados Unidos y Canadá, no sería improbable que los países de la Comunidad Europea pudiesen revisar sus propios tratados comerciales con México y verificar como afectan las nuevas políticas energéticas del presidente López Obrador a las empresas europeas que ya han invertido en México.

El diputado federal Ildefonso Guajardo, -quien fuera el negociador en jefe del equipo del presidente Peña Nieto y representante del gobierno saliente -, ha rescatado la memoria de lo sucedido en esas fechas, pues las decisiones finales del T-Mec fueron tomadas por el gobierno entrante, siguiendo instrucciones directas del presidente electo López Obrador, a través de Jesús Seade.

El capítulo ocho del T-Mec, -relativo al tema energético-, efectivamente dice que el petróleo es de los mexicanos y aborda asuntos de la soberanía.

Pero también define que si se hacen cambios, -que afecten a los inversionistas que ya pusieron su dinero en México a partir de las condiciones jurídicas acordadas en la fecha de la firma de los acuerdos-, se tendrían que pagar indemnizaciones por los daños generados por las nuevas disposiciones.

Según consigna el diputado Guajardo en una conferencia de prensa realizada en Washington el 27 de agosto del 2018, Jesús Seade manifestó el respaldo del nuevo gobierno al tratado y aseguró que el presidente López Obrador no echaría atrás la reforma energética.

También manifestó el respeto al marco legal y eso incluía los contratos firmados con inversionistas, con anterioridad.

Lo sucedido en esa fase final de la negociación del T-Mec, – y lo que ha ocurrido recientemente a partir de las nuevas políticas energéticas que defiende el presidente-, refleja que no hay una comprensión profunda de los compromisos adquiridos en la firma de este importante tratado comercial. Seguramente en esa fecha había prisa por cerrar el acuerdo.

Aun concediendo, -como una posibilidad-, que hubiese razón en la visión energética de este gobierno, las formas no corresponden a la seriedad que debe proyectar un país frente a la comunidad internacional, en la cual también participan nuestros socios comerciales.
Tomar actitudes retadoras y pendencieras para entretener al “respetable público” de casa, no se justifican.

Se ha criticado el modo que tiene nuestro presidente de enfocar este tipo de diferencias que surgen en el ámbito internacional, a las cuales imprime un toque emocional y subjetivo.

Por tanto, lo natural y lógico es atribuir estos deslices al desconocimiento de los protocolos que rigen la diplomacia, en un contexto donde la discreción es una virtud y las “formas son fondo”, como describía don Jesús Reyes Heroles a la política.

Sin embargo, la forma reiterada de hacer evidente su cercanía con Cuba y Venezuela, -regímenes adversos al gobierno norteamericano-, y además acusar a la administración del presidente Biden de sabotaje a las obras prioritarias de la 4T, -apoyando a los mexicanos traidores-, nos lleva a considerar la posibilidad de que este juego sea una actitud deliberada para fijar distancia de nuestros socios y vecinos, para así asumir el liderazgo de la corriente bolivariana.

Si esto fuese así… ¿Quiénes están influyendo en esta actitud presidencial?, sería la pregunta central. ¿Serán sus colaboradores, o quizá quienes presiden los gobiernos de los países adheridos al Foro de Sao Paulo?

Jugar en las grandes ligas internacionales, -para un país como México-, es una gran responsabilidad. Además, poner en riesgo el dinero de todos los mexicanos para pagar costosas demandas internacionales, -dinero que se necesita para invertir en salud, seguridad pública educación y otras importantes necesidades-, resulta irresponsable, además de incongruente con la política de austeridad presupuestal que ya ha transitado de la austeridad republicana hasta llegar hoy a la pobreza franciscana.

SADISMO

Hoy, -ante el enfoque de impunidad que hay en la comisión de delitos-, están surgiendo creativamente formas sádicas de matar.
Ya van dos mujeres incineradas vivas sólo en los últimos días. A esto añadimos el caso de la niña de once años quemada en un albergue de Tonalá, Jalisco. Sin embargo, de enero a junio de este año ya van 47 mujeres que han sido agredidas con fuego, -según las cifras oficiales-, más los casos no denunciados.

La mayoría de ellas ya había intentado poner una denuncia en contra de sus agresores por acoso o violencia, pero las autoridades no registraron la demanda y no protegieron a las víctimas en posición vulnerable.

Ahora que la muerte de Luz Raquel Padilla en Zapopan ha generado un escándalo, las autoridades se manifiestan sorprendidas y niegan que ella haya presentado denuncias previas. Hasta dejan entrever la posibilidad de que esta tragedia haya sido un autoatentado. Por sentido común quien pretende suicidarse lo hace de forma rápida y sin dolor o sufrimiento, como lo es la muerte lenta por fuego.

Por otra parte, la noticia dada a conocer por Milenio TV de como los operadores de grúas riegan aceite en las autopistas para generar accidentes, nos habla de una actitud criminal que hasta hace poco tiempo no existía. Lo mismo podemos decir de quienes provocan accidentes de tráileres en las carreteras para desvalijarlos.

Ante esto, el código penal debe incluir como un agravante el sadismo en el modo de matar a alguien. Grave es asesinar, pero aún peor matarlo con sadismo.

También es momento de castigar como criminales a las autoridades que reciban petición de ayuda por amenazas y no hagan nada. Es una actitud criminal que no debe quedar sin castigo. La impunidad está estimulando la violencia contra las mujeres.

Es complicado contrarrestar una tendencia social, pero muy fácil iniciar castigando a los funcionarios que con su actitud irresponsable permiten que quede impune una agresión que puede provocar un feminicidio.

TRATA LABORAL

Según el ministro en retiro José Ramón Cossío los médicos cubanos que ya se integraron a las actividades profesionales en nuestro país, incumplen la ley.

Según la Ley Federal de Profesiones ellos debiesen revalidar sus estudios ante nuestras autoridades universitarias. Además, deben contar con cédula profesional y deben estar registrados ante el SAT. Deben también tener constancia de acreditación del servicio social y constancia de haber realizado el internado, entre otros requisitos.

Sin embargo, además de lo anterior sigue pendiente de aclararse la acusación de que quien recibe el salario de estos médicos es el gobierno cubano, quien solo les devuelve el 10% del monto total y otro diez por ciento, a su regreso a Cuba.

Además, -para que no soliciten asilo político en el exterior-, su familia queda de rehén en esa isla.

Lo anterior significa un delito equiparable a la trata de personas con fines de explotación laboral, -con características de esclavitud-, delito cometido por el gobierno cubano.

Es inentendible que quienes debiesen poner el ejemplo en cuanto al respeto a nuestro marco jurídico, sean quienes lo vulneran.
AGUA Y SEGURIDAD NACIONAL

Se ha dado a conocer que el grupo delictivo Los Ardillos están empezando a controlar en algunas zonas del Estado de Guerrero el suministro de agua para riego.

Ahora que el agua se convierte en una prioridad para la sobrevivencia, este líquido vital empieza a despertar interés en el crimen organizado, igual que sucedió antes con hidrocarburos.

¿Esto no es asunto de seguridad nacional?… ¿No es un tema de soberanía dejar el control de parte de nuestro territorio a la delincuencia organizada?

Es importante la atención inmediata a este asunto, -que es prioritario-, y ya no nos distraiga este gobierno con distractores que se convierten en “cortinas de humo” que ocultan la gravedad de los temas de seguridad pública.

Por cierto… ¿Quién define lo que es seguridad nacional desde la perspectiva constitucional? ¿Qué asuntos son tema de soberanía?
Es tiempo de que la SCJN emita una resolución al respecto, para evitar la manipulación lingüística “a modo”.

¿A usted qué le parece?

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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross