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“La población de la República Bolivariana de Venezuela sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales, debido a las crisis sociales y económicas multifactoriales preexistentes”, asegura la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En un informe presentado este lunes al Consejo de Derechos humanos, Michele Bachelet asegura que “el Gobierno ha promovido políticas sociales a través de programas económicos y sociales dirigidos a combatir la pobreza y a disminuir la brecha de igualdad de género; sin embargo, persisten los desafíos en estas áreas debido en parte, según se reporta, a la mala asignación de recursos, a la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y a la grave subinversión en servicios esenciales”.

Y añade que las sanciones sectoriales impuestas por los Estados Unidos y el impacto de la pandemia de COVID-19 han aumentado aún más la escasez de recursos disponibles.

“Las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones económicas y humanitarias preexistentes, afectando los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas más vulnerables”, afirma el informe.

En concreto y a pesar de las excepciones humanitarias existentes, el exceso de cumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales sectoriales ha agravado la escasez de medicamentos y ha limitado las importaciones de alimentos, al tiempo que ha impuesto una carga adicional a las organizaciones de la sociedad civil, cuyos donantes e instituciones financieras exigen información financiera adicional detallada, desviando así las capacidades para trabajar eficazmente, en particular en las zonas rurales y remotas.

“La escasez de combustible afectó negativamente en la producción y distribución de alimentos, el transporte público, los servicios públicos, la educación y el sector de la salud”, indica el reporte, que examina la situación de los derechos humanos en el país entre el 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021.

Por todo ello, la Oficina de Bachelet reitera sus anteriores llamamientos para que se levanten las sanciones “en vista de su impacto desproporcionado en el conjunto de la población, los cuales también han sido reiterados por la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”.

Represión de las protestas sociales por la situación económica y social

El informe señala que durante el último año las protestas relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales continuaron, principalmente para exigir el acceso a servicios básicos adecuados, derechos laborales, vivienda, combustible, servicios de salud adecuados y alimentos.

Durante el período que abarca el informe, la Oficina de la Alta Comisionada documentó “ocho casos de protestas durante las cuales violaciones de derechos humanos fueron cometidas por las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados ‘colectivos’, incluidos por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza.

El informe señala que esa Oficina toma nota de las investigaciones abiertas en al menos dos casos de malos tratos y reitera la obligación de investigar de forma independiente todos estos incidentes y evitar que se repitan. ONU Derechos Humanos también documentó detenciones y arrestos ilegales o arbitrarios de al menos 45 personas en relación con esas protestas.

Preocupación por la intimidación a los defensores de los derechos humanos y líderes sindicales

“Me preocupa la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas. En este contexto, el papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido. Asimismo, me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas”, subrayó la Alta Comisionada al presentar el informe.

El informe también recoge que “profesionales de la salud han denunciado públicamente las condiciones de trabajo, la falta de equipamiento, salarios no pagados y condiciones insalubres”.

La Oficina ha documentado procesos penales contra seis personas y amenazas contra periodistas y científicos, por investigar o publicar información incompatible con los datos oficiales del gobierno sobre la pandemia.

Escasa información sobre la administración pública

El derecho de acceso a la información pública está consagrado en la Constitución venezolana, destaca el informe. Sin embargo, también indica que la información pública detallada sobre el marco normativo de entes y políticas públicas, sobre su estructura organizativa, presupuesto asignado y ejecución, compras y contrataciones, mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, auditorías y procedimientos judiciales y administrativos iniciados por entes del Estado se ha vuelto crecientemente escasa.

La falta de acceso a la información pública ha afectado directamente la capacidad de la población para participar en la formulación, implementación y fiscalización de políticas públicas.

“La información pública es indispensable para la participación efectiva de las personas titulares de derechos en los asuntos públicos y para políticas públicas eficaces que estén en conformidad con las normas de igualdad y de no discriminación, con enfoque de género y que tenga en cuenta las necesidades y perspectivas de los grupos más marginados”, señala el informe que indica que ello “contribuiría a atraer más recursos para hacer frente a los desafíos humanitarios existentes”.

Por último, Bachelet expresó su confianza en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos.