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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes sobre el “preocupante y acelerado deterioro” de la situación de las garantías fundamentales en Nicaragua en el periodo transcurrido de febrero a la fecha.

En una actualización oral sobre la situación en el país centroamericano al Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet afirmó que dicho deterioro “aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.

Bachelet recordó que el máximo órgano de derechos humanos de la ONU ha analizado en profundidad la crisis que afecta a Nicaragua y que su Oficina ha emitido recomendaciones al respecto, pero que éstas no se han cumplido.

“Esta crisis no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, afirmó.

Frente a este panorama, Bachelet emplazó al gobierno nicaragüense a adoptar un cambio urgente en su curso de acción de cara a las elecciones de noviembre.

Precisó que eso implica, por lo menos “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.

También se pronunció por la rendición de cuentas de los responsables de los abusos cometidos desde abril de 2018, fecha que empezaron las manifestaciones de protesta contra el gobierno.

Deploró, asimismo, que el país siga sin contestar las comunicaciones que le ha enviado su Oficina y urgió al Consejo de Derechos Humanos a tomar “todas las medidas a su alcance” para proteger las garantías fundamentales en Nicaragua.

Detenciones sin pruebas

Este mes, la Policía Nacional y el Ministerio Público, detuvieron a cinco precandidatos a la presidencia, al igual que cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales.

Bachelet explicó que esas detenciones violaron las garantías procesales puesto que se hicieron sin pruebas suficientes y bajo conceptos penales ambiguos planteado en dos leyes, sobre los que su Oficina ya había alertado. Una de las legislaciones se refiere al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y la otra a la defensa de la soberanía.

Además de esas detenciones, la Alta Comisionada listó varias transgresiones de los derechos humanos y políticos, como la disolución de la personalidad jurídica de dos partidos políticos por el consejo Supremo Electoral, sin que fueran oídos sus representantes; y la adopción de una ley de reforma electoral que hace caso omiso de las peticiones de la sociedad civil, no establece salvaguardias para la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita las libertades de expresión, asociación pacífica y participación política.

Transgresión de la legalidad

“Estas son decisiones que infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dijo.

Agregó que su Oficina continúa documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento por parte de la Policía Nacional y dio cuenta de un aumento de la persecución selectiva de activistas de derechos humanos, periodistas y opositores en general.

De acuerdo con datos de la sociedad civil, hasta el 14 de junio, 9 mujeres y 115 hombres permanecían privados de su libertad en el contexto de la actual crisis.

Estigmatización y amenazas

Bachelet informó que las autoridades y algunos medios progubernamentales han hecho declaraciones públicas en las que estigmatizaron a los opositores. Este hostigamiento se extendió a amenazas en las redes sociales.

El clima de terror propiciado por estas acciones inhibe el ejercicio de los derechos fundamentales cruciales para que haya un proceso electoral libre, creíble y equitativo, subrayó.

Otras transgresiones reportadas por la Alta Comisionada fueron los feminicidios y los ataques armados contra comunidades indígenas en la costa norte del Caribe.

Antes de concluir, Bachelet solicitó que se autorice el regreso de su Oficina a Nicaragua para monitorear la situación y contribuir a la solución de la crisis que atraviesa el país.