Tomás Yarrington y Eugenio Hernández están en prisión por delitos cometidos durante sus gestiones al frente de Tamaulipas.

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Tras el desafuero y la orden de aprehensión contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, son ya tres los mandatarios tamaulipecos involucrados en problemas con la justicia, de los cuales dos están en prisión.

Hay que recordar a Tomas Yarrington y Eugenio Hernández Flores, políticos formados en las filas del PRI, partido con el cual el PAN ha trazado una alianza para las elecciones de 2021.

Después de que la Cámara de Diputados aprobara por mayoría el desafuero del panista el 30 de abril, el Congreso local rechazó quitarle la protección al mandatario y le permitió continuar sus funciones, en lugar de buscar un sustituto conforme a lo establecido por el artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas.

Desde el año pasado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba a Cabeza de Vaca por delitos de defraudación fiscal equiparada, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, acusación que es una constante en sus antecesores priistas.

Tomás Yarrington, el fallido aspirante a la Presidencia

Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba llegó a la gubernatura de Tamaulipas en 1999, pero desde un año atrás la justicia estadounidense lo buscaba por sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo, cuando era alcalde de Matamoros.

Yarrington Ruvalcaba gobernó de 1999 a 2004, tiempo en el que las organizaciones criminales se hicieron más fuertes, convirtiendo a Tamaulipas en un territorio peligroso para la seguridad nacional.

Tras terminar su mandato buscó la candidatura a la Presidencia en 2006, pero Roberto Madrazo Pintado fue el abanderado del PRI.

En 2012, agentes de la DEA informaron sobre el vínculo de los exgobernadores Tomas Yarrington, Manuel Cavazos y Eugenio Hernández Flores con el crimen organizado, en especial con los Zetas y el Cártel del Golfo.

Ese mismo año el gobierno de Estados Unidos presentó solicitudes para incautar los bienes de Yarrington, que presuntamente fueron adquiridas con dinero del narcotráfico y a través de varios esquemas de extorsión y sobornos.

También en 2012, la SEIDO indicó que Jesús Vega Sánchez, excoordinador de campañas del PRI, se reunió con miembros del Cártel del Golfo y del Cártel de Juárez para financiar la campaña de Yarrington Ruvalcaba.

Además, el FBI dijo que el exgobernador había recibido grandes sobornos de los principales carteles de droga que operan en Tamaulipas a cambio de dejarlos operar sin limitación alguna.

En 2012, tras “desaparecer” del país, la entonces Procuraduría General de la República solicitó la ficha roja a la Interpol, y cinco años más tarde, el 9 de abril 2017, Yarrington fue arrestado en Florencia por la policía italiana, mientras caminaba por el centro histórico de la ciudad renacentista.

A finales de 2016, el PRI lo expulsó de sus filas por vulnerar sus estatutos, el código de ética y por cometer actos de falta de probidad durante su gestión.

En Estados Unidos, el exgobernador enfrenta los cargos de tráfico de drogas, fraude bancario, extorsión, lavado de dinero y colaboración con cárteles de droga.

Actualmente sigue preso en Texas, y recientemente, en marzo de 2021, se declaró culpable de lavado de dinero, según un informe del Departamento de Justicia.

De acuerdo con el documento, Yarrington aceptó recibir millones de pesos en sobornos que se utilizaron para comprar propiedades en dicho país, las cuales aceptó entregar a cambio de una reducción en su sentencia.

“Como parte de su declaración, Yarrington admitió que recibió sobornos de personas y empresas privadas en México para hacer negocios con el estado de Tamaulipas, mientras se desempeñaba como gobernador”, explicó el Departamento de Justicia.

El exmandatario enfrenta una pena de prisión de hasta 20 años, aunque la fecha de audiencia para su sentencia no ha sido fijada. Una vez que cumpla su condena en Estados Unidos, será entregado a México para que enfrente a la justicia.

Eugenio Hernández Flores, en espera de su extradición

Tras la salida de Yarrington, Eugenio Javier Hernández Flores asumió el cargo entre 2005 y 2010.

Actualmente está preso en México con una orden de extradición para Estados Unidos por los cargos de peculado, lavado de dinero y falsificación de dinero.

Dos años más tarde de culminar su mandato, la SEIDO le incautó propiedades en Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo, como parte de una investigación por lavado de dinero, no obstante, en 2013 las autoridades cerraron el caso junto con las investigaciones contra el exgobernador Manuel Cavazos Lerma.

En 2015, el Departamento de Justicia denunció al exgobernador por lavado de dinero y por recibir sobornos del narcotráfico para dejar operar a cárteles de la droga. Con esos señalamientos, Hernández Flores fue detenido el 17 de octubre de 2017 en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

En marzo de 2018, la Secretaria de Relaciones Exteriores concedió su extradición a Estados Unidos.

El pasado 12 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo contra la extradición de Hernández Flores, por lo que actualmente está preso en el penal del Altiplano en espera de su traslado a Estados Unidos.

Cabeza de Vaca y la “persecución política”

Francisco Javier García Cabeza de Vaca es acusado de defraudación fiscal equiparada, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

El 19 de marzo pasado, en una reunión entre la sección instructora de la Cámara de Diputados, Cabeza de Vaca y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el titular de este brazo de Hacienda, Santiago Nieto, informó que el mandatario presuntamente recibió 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo recursos de dos empresas fantasma, sin embargo, el juicio de procedencia aprobado por la Cámara de Diputados contempló solo el delito de defraudación fiscal.

El funcionario presentó dos láminas, una en la que se calculaban los ingresos de Cabeza de Vaca como servidor público, los cuales ascendían a más de 23 millones de pesos, y en la segunda mostró los “ingresos no declarados” que eran por más de 34 millones de pesos.

“Podrán ver un movimiento importante de recursos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, por supuesto la autoridad competente para determinar si existe una evasión o una defraudación de naturaleza fiscal será el SAT, y evidentemente la autoridad competente para generar la querella respectiva es la Procuraduría Fiscal de la Federación, declaró Nieto en la reunión.

Francisco Javier García Cabeza, quien afirma que objeto de una “persecución política”, tendrá que responder ante la Fiscalía por lo delitos que se imputan y esperar una resolución a su favor para evitar pisar la cárcel como sus antecesores.