Ricardo Homs

Félix Salgado Macedonio ya avisó que hará justicia contra el INE desde su cargo de senador de la república: tratará de desaparecerlo. Sin embargo, él igual que muchos que están a su alrededor, confunden justicia con venganza… o sea ajuste de cuentas personales.

La justicia es de alcance colectivo, pero la venganza siempre lleva nombre y apellido de un destinatario.

Entre la justicia y la venganza está la ley… la ley pura y simple y no los discursos demagógicos justicieros.

Si hubiese justicia en México, Salgado Macedonio se haría acreedor al mismo procedimiento legislativo que el diputado Saúl Huerta y sería sometido a un proceso de desafuero para dejarlo en manos de las autoridades hasta que se desahogue la denuncia judicial que por violación presentaron Basilia Castañeda y una mujer cuyas iniciales son JDC.

MORENA ha ignorado las denuncias judiciales de las víctimas de violación de Salgado Macedonio y lo ha arropado al grado de permitirle imponer a su hija como candidata a la gubernatura del Estado de Guerrero y Mario Delgado, el presidente del partido, ha estado con él codo con codo amenazando al INE de modo bravucón, haciendo el vergonzoso papel de quien repite las amenazas de Salgado Macedonio en templetes arrabaleros, pretendiendo lograr con intimidaciones lo que no han podido sustentar jurídicamente.

Sin embargo, en el caso de Saúl Huerta la actitud del partido ha sido muy diferente.

Evidentemente el diputado Huerta debe ser castigado con todo el rigor de la ley que merece su abominable delito sexual si se le comprueba. Sin embargo, la rapidez con que se solicitó el desafuero y la difusión mediática de su expulsión de la bancada de MORENA lleva un mensaje, que puede ser interpretado como la entrega de un presunto culpable para que sea sacrificado mediáticamente y así aplacar la ira pública despertada por este imperdonable caso y de este modo desactivar su posible impacto electoral para este partido.

La diferencia en la respuesta partidista para ambos casos ¿Será misoginia?…

Seguramente hay mucho de cierto en esta suposición: el abuso contra una mujer parece ser considerado en MORENA un “pecadillo menor”, frente al abuso de un varón.

La misoginia institucional con que se minimizó el reclamo popular de grupos feministas en contra de la violencia de género desató críticas de legisladoras de ese partido.

Incluso, el mismo partido defendió jurídicamente a su candidato Salgado Macedonio frente a las autoridades electorales, cuando ya estaba cuestionado por las denuncias de violencia de género.

En contraste, a Saúl Huerta casi lo entregó MORENA  al circo romano. Por tanto: ¿Será que hay militantes de primera clase y otros de segunda?

Lo que vemos hoy no es la moralización del país, pues el criterio de una persona es lo que ha estado definiendo los parámetros para la aplicación de esta justicia populachera y esto responde a su personal visión emotiva.

El criterio personal de nadie puede sustituir a todo un legado jurídico contenido en nuestra Constitución y menos aún, pretender que la carta magna sea modificada para que se ajuste a sus planes y proyectos.

La justicia verdadera, da a todos los ciudadanos los mismos derechos y las mismas responsabilidades y obligaciones, sin dar ventajas a unos y ensañarse con otros.

Los indicadores nos muestran que este será un sexenio de ajuste de cuentas, no de moralización de la política y esto es muy grave. Por un lado, las carpetas de investigación avanzan con lentitud exasperante en la justicia cotidiana, la que reciben los “ciudadanos de a pie”, excepto cuando el dedo justiciero señala a alguien en lo específico y de un día para otro se mueve a gran velocidad la otrora maquinaria pesada e ineficiente y de inmediato las instituciones de procuración de justicia salen a pescar indicios sobre la trayectoria de alguien, esperando encontrar información reveladora que permita el ajuste de cuentas maquillado como justicia.

El hecho de que exista un delito que merece castigo no significa que lo que se aplique forzosamente deba calificarse como justicia. Si no se aplica dentro de los procedimientos jurídicos que garanticen la equidad, seguramente se estará aplicando venganza.

Corrigiendo al líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien definió que la “ley es conservadora y la justicia es revolucionaria”, podríamos concluir que en el mundo de la 4T, la ley es conservadora y la VENGANZA… ¡REVOLUCIONARIA!.

COMENTARIO AL MARGEN

El accidente en la Línea 12 del metro de la CDMX es una llamada de atención frente a criterios arraigados en lo más profundo de nuestra idiosincrasia.

El mexicano no tiene entre sus valores sociales la “cultura de prevención del riesgo”.  Para el mexicano la vida es una aventura que implica riesgos que están predeterminados en nuestro destino. El determinismo está profundamente arraigado y por ello no practicamos hábitos de protección y en contraste, aceptamos el riesgo. La frase “Cuando te toca aunque te quites… y cuando no te toca, aunque te pongas”, describe nuestra actitud popular frente al riesgo.

Sin embargo, aunque esta actitud forme parte de nuestra cultura cotidiana, de tipo personal, el Estado Mexicano no puede, ni debe practicarla.

Es cierto que muchos riesgos implícitos en la infraestructura pública responden a la práctica tradicional de la corrupción, que encarece la construcción, sobre todo cuando se practica como chantaje al constructor por parte de un funcionario público poderoso y entonces este compensa ese dinero haciendo ahorros en la calidad de la obra.

Sin embargo, en el gobierno de hoy los ahorros obligados en el presupuesto autorizado anualmente por el Poder Legislativo, tiene el mismo efecto, tanto en la construcción, como en el mantenimiento de las obras públicas.

La clásica frase “no va a pasar nada” justifica todas las omisiones e irresponsabilidades. Ahora que se cuestiona la resonsabilidad de la directora del metro, Florencia Serranía, respecto a este fatal accidente, principalmente cuando se descubrió un subejercicio presupuestal durante el año 2020 por 587 millones de pesos, dinero que bien pudo aplicarse al área de mantenimiento de infraestructura, bien podríamos fincar responsabilidades también a quien decidió rasurar todos los presupuestos autorizados por el Congreso para las dependencias del gobierno federal.

¿Cuántas instituciones hoy no tienen dinero para aplicar al mantenimiemto de instalaciones y equipos?… ¿Cuántos fideicomisos orientados a proteger al país de desastres naturales desaparecieron por capricho?

Ahí están anidados los riesgos del futuro.

¿A usted qué le parece?

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