Maricela Allende

La Organización No Gubernamental (ONG) México Evalúa publicó los resultados de su seguimiento y evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) tomando como referencia el 2019

En esta evaluación se determina si las entidades federativas cuentan con las condiciones necesarias para operar las distintas instituciones de justicia y lograr resultados efectivos, con una perspectiva de política pública.

La consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal requiere la instrumentación de acciones coordinadas que contemplen la planeación integral y continua, la existencia de sistemas de registro, procesamiento y reporte de información integrales, la proyección adecuada y eficiente de los recursos, la simetría institucional y la transparencia y rendición de cuentas.

El Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal evalúa las siguientes “condicionantes”: la coordinación técnica, el presupuesto, los esquemas de planeación, la homologación de procesos, los niveles de capacitación, la infraestructura tecnológica y la información disponible y compartida.

Para la medición de este año, se estableció un estándar mínimo a alcanzar 900 puntos, siendo el estándar ideal 1,000 puntos.

Gráfico: Ranking de la consolidación

En 2019 tenemos un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, ya que ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo.

No todo es malo, hay estados que hacen su mejor esfuerzo por aplicar el nuevo sistema de justicia penal como Querétaro (727 puntos) fue la entidad con mayor avance en la consolidación del sistema de justicia penal, seguida de Baja California (641 puntos), Chihuahua (624 puntos), Nuevo León (610 puntos) y Yucatán (603 puntos).

Por otro lado, las entidades peor evaluadas en términos de sus condicionantes fueron Guerrero (278 puntos), Nayarit (284 puntos), Veracruz (293 puntos) y Quintana Roo (294 puntos).

El estado de Puebla ocupa la posición número 16 con 411 puntos y Tlaxcala la 26 con 337 puntos.

Además de la falta de coordinación, una de las principales brechas es la inexistencia de sistemas informáticos que permitan la interconexión interinstitucional, así como la ausencia de sistemas de evaluación que permitan la mejora continua.

Para aplicar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en las 32 entidades, la transición fue de 8 años y concluyó en junio del 2016, hoy en día se aplica en todo el país.

El nuevo sistema cambió la infraestructura de los juzgados, separó arquitectónicamente la sala de audiencias del espacio de oficinas de jueces, defensores y fiscales y dividió las funciones que antes concentraba un solo juez en jueces de control y jueces de juicio oral.

Presencia de jueces, litigantes y público: En el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el juez está presente en las audiencias la mayoría de las veces. Antes de la reforma, esto casi no ocurría.

No sólo están presentes los jueces, sino los intervinientes en el proceso: los litigantes, testigos y el acusado, y lo más importante, hay cada vez mayor acceso para el público interesado, con lo cual tenemos una justicia más democrática, que opera dando la cara a la gente.

Jueces atentos: Los jueces no sólo están presentes, sino que además están atentos al debate.

Claridad del juez: A los encuestados se les preguntó qué tan claro fue el juez en explicar por qué tomaba sus decisiones. Después de la reforma, la mejoría es clara en este indicador.

Claridad del juez: A los encuestados se les preguntó qué tan claro fue el juez en explicar por qué tomaba sus decisiones. Después de la reforma, la mejoría es clara en este indicador.