Ricardo Homs

Daniel García y Reyes Alpízar pasaron 17 años de su vida encarcelados en el penal de Barrientos, sin recibir sentencia respecto al homicidio que se les imputa, el de la regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido en 2001.

Esto quiere decir que en 17 años las autoridades no lograron ni comprobar su delito ni exculparlos. Por ello un juez ordenó su liberación a finales de agosto pasado.

Esto nos describe un grave problema en la impartición de justicia en nuestro país: no hay respeto por la vida ajena. Quienes los encarcelaron y se olvidaron de ellos cometieron un grave delito de omisión.

La ligereza con que el sistema de impartición de justicia opera puede generar violaciones de derechos humanos que terminan en la impunidad oficiosa. La lentitud y el tortuguismo son una falta de sensibilidad social, pero también deben calificarse como irresponsabilidad.

Que alguien sea acusado penalmente y encarcelado representa para la persona una afectación grave: significa perder un tiempo valioso de su vida, que nunca más se recuperará si resulta ser inocente.

Además, afecta de modo grave a la familia, pues proteger a los familiares recluidos de los maltratos dentro de la cárcel, implica un fuerte gasto económico. Las extorsiones derivadas del sistema de autogobierno, que es un contubernio delictivo donde se mezclan los intereses económicos personales de las autoridades carcelarias y los de los reos que ejercen poder y control cotidiano de los penales, significa una aberración jurídica tolerada, o quizá fomentada, desde los niveles jerárquicos más altos de la estructura gubernamental.

Los honorarios de abogados y la imposibilidad de que quien está encerrado tenga acceso a un trabajo digno para mantener a su familia, es otro más de los agravios que reciben los reclusos y sus familias.

Es evidente que nuestro sistema carcelario, irónicamente denominado “readaptación social”, constituye una de las mayores injusticias, pues no estimula el arrepentimiento, sino el resentimiento y el deseo de venganza en contra de la sociedad.

Es urgente resolver el tema carcelario, pues de ahí nacen muchos delitos que impactan a la sociedad. Muchos de los grandes delincuentes que no están en los penales de alta seguridad, aún estando encarcelados logran mantener su liderazgo frente a su grupo delictivo.

Está comprobado que muchas de las extorsiones telefónicas se generan desde los penales e incluso, la coordinación del delito de secuestro.

Es inaceptable que los penales, donde el estado debiese tener un control total, sea un territorio controlado por la delincuencia con el beneplácito de muchas autoridades que se benefician económicamente de este contexto.

Respecto a este caso, el de Daniel García y de Reyes Alpízar, quienes fueron privados de su libertad y mantenidos recluidos largo tiempo sin tener sentencia, debemos considerarlo una alerta, que nos indica que posiblemente sea una problemática de alta incidencia. Reos inocentes del delito

que se les imputa y por otra parte, un fenómeno jurídico aberrante, como es la liberación de delincuentes cuya trayectoria delictiva es conocida y comprobada por las autoridades, que sin embargo, son liberados por jueces que argumentan errores en la integración de expedientes. Tal es el caso de algunos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Lo que hoy vivimos en México es producto de graves anomalías en la impartición de justicia.

Seguramente un alto porcentaje de los funcionarios vinculados a la impartición de justicia sean honorables, pero los que no lo son, o quienes por lo menos carecen de una formación profesional sólida y criterio confiable, están generando un escenario de riesgo para la sociedad.

Incluso la nueva práctica de anteponer argumentos administrativos o de deficiencias jurídicas en los procesos, para liberar delincuentes, representa una grave responsabilidad de funestas consecuencias, pues recicla y reintegra en sus actividades a peligrosos sujetos.

Muchos de los asesinatos y delitos de alto impacto en contra de ciudadanos inocentes, se podrían haber prevenido si quienes los cometen no hubieran sido liberados.

Con sorpresa nos enteramos por la prensa que peligrosos delincuentes que hoy cometen un delito de alto impacto, ya estuvieron presos con anterioridad y fueron liberados en condiciones opacas, donde se puede presumir corrupción.

Debiera crearse un protocolo jurídico para impedir que reos de alta peligrosidad comprobada sean liberados por fallas administrativas, así como agilizar la dictaminación de sentencias.

Es urgente rehacer nuestro sistema de justicia para crear un mejor país, donde la justicia sea un asunto de valores y principios jurídicos.