Ricardo Homs

El inicio de este gobierno ha sido muy controvertido, por lo menos en las redes sociales. Hay quienes continúan teniendo fe y esperanza en este gobierno, pero también quienes exhiben su animadversión en contra del presidente López Obrador, rescatando promesas de campaña y contrastandolas con las decisiones que hoy se están tomando.

A final de cuentas, todo esto es parte de las reglas de operación de la democracia que tenemos. Sin embargo, es muy importante delimitar los alcances que deben tener las críticas en contra del presidente.

Es fundamental generar conciencia de que coexisten dos entidades en la presidencia de la república. Una es la institución presidencial, como tal y es muy importante diferenciarla de las características, perfil y circunstancias de la persona que ocupa el cargo.

Debemos entender que la investidura presidencial genera una autoridad moral que respalda la autoridad de las instituciones que operan toda la estructura política y social del país.

Sin embargo, no son lo mismo. Las personas cambian y son renovadas cada seis años, pero la institución presidencial permanece indefinidamente.

Hay personas que le dan dignidad y categoría a la institución presidencial, pero otras no.

Podemos tomar como ejemplo, un caso polémico y muy actual.

Los amigos del presidente de la república no tienen que ser forzosamente amigos de México. El caso de nuestro viraje afectivo hacia Nicolás Maduro, lo confirma.

La amistad personal y la admiración que este polémico personaje despierta en el grupo cercano de colaboradores del presidente, no es compartido por toda la población.

Maduro puede ser amigo de ellos, pero eso no debe representar un espaldarazo a su gobierno. En estricto sentido debe haber una visión institucional, como país, respecto a nuestra relación diplomática, aunque subsista la relación interpersonal entre los mandatarios.

Si México fuera un país de instituciones autónomas, los afectos presidenciales no debiesen traducirse en acciones de gobierno, como está sucediendo.

Ahora el nuevo gobierno mexicano retiró su apoyo a la declaración del Grupo de Lima, conformado por los países Latinoamericanos que no reconocerán el mandato de Nicolás Maduro.

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía integran el Grupo de Lima, creado en 2017.

Si pretendemos que México actúe como un país de instituciones democráticas, las acciones de gobierno deben respetar los valores y principios democráticos y no guiarse por las opiniones y los afectos personales de los gobernantes en funciones.

Si las elecciones de Venezuela, en las que se reelige Nicolás Maduro en 2018, fueron fraudulentas, México no debe reconocerlo, pues su compromiso debe ser guiarse por principios y valores y no por simpatías personales.

Sin embargo, aunque no estemos de acuerdo con estas decisiones, la sociedad mexicana debe mostrar congruencia política, para también exigirla.

Es necesario respetar la investidura presidencial y no mofarnos humorísticamente en redes sociales de quien detenta el cargo de presidente de la república, para no lastimar la imagen de la institución presidencial y mantener su autoridad moral. De no hacerlo, como bola de nieve que baja la montaña, veremos como se inicia un desgaste político que podría llevarnos a la pérdida de lo poco que queda de autoridad moral y con ello, vivir las reglas de la ley de la selva, donde grupos radicales actúen en las calles argumentando no creer en las autoridades.

Cuando la sociedad no esté de acuerdo con decisiones políticas tomadas desde el gobierno, debe asumirse una actitud firme de rechazo y presión para rectificar el rumbo.