Ricardo Homs

El salario del presidente López Obrador, de 108 mil pesos mensuales, se está convirtiendo en un dique que impide ejercer una política salarial eficiente y competitiva, que permita retener a los funcionarios cuyo perfil es de alta especialización.

Es muy fácil de resolver este problema, que solo requiere sentido común. Con duplicar el salario del presidente se podrá respetar la regulación salarial. El actual sueldo del presidente equivale al que percibe un ejecutivo de un rango medio en las empresas multinacionales y en las nacionales de gran tamaño.

Duplicar el salario del presidente permitiría al gobierno federal salir de esa trampa en que se ha metido a partir de una promesa que él externó durante su campaña. A final de cuentas, si él quiere donar la mitad de su salario a una institución de beneficencia, una fundación o alguna organización filantrópica, sería su elección y una solución políticamente rentable para su imagen de austeridad.

Debemos reconocer que los salarios de los funcionarios altamente especializados deben ser competitivos y capaces de retener a quienes en su trayectoria profesional ya tienen un capital invertido en conocimientos y experiencia. Dejarlos ir será un desperdicio que pagará caro la nación.

Esta política salarial restrictiva parece ser más una respuesta moral y emocional, que nace de la solidaridad con el pueblo, que tiene un amplio sector de población en la sobrevivencia y los altos salarios gubernamentales parecen ser una afrenta, que una estrategia para tener un gobierno eficiente que trabaje para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

El verdadero problema que se avecina con respecto a la disminución de los salarios y prestaciones a funcionarios públicos de alto nivel en la jerarquía organizacional del gobierno es que provocará una desbandada de talentos y con ello descenderá el nivel profesional y de experiencia, por lo cual veremos decisiones mal tomadas y posiblemente ineficiencia, pues los más capacitados emigrarán hacia la iniciativa privada, donde les pagarán lo que valen.

Es previsible que en la práctica la solución viable, pero éticamente cuestionable, para frenar la desbandada de talentos que se derivará de esta política, propiciará la simulación: la creación de bonos y compensaciones “en lo oscurito”, lo cual equivale a corrupción, porque al no ser una política transparente, propiciará los excesos que hoy se quieren combatir.

En la cultura empresarial el personal capacitado constituye el “capital humano” y esto hace referencia al valor que se le reconoce al personal, como vehículo para lograr eficiencia.

A mayor jerarquía, empiezan a descubrirse nuevos atributos que debe tener la persona y por ello se hace necesario retener a la gente talentosa, preparada profesionalmente y comprometida, ofreciéndole salarios competitivos frente a las ofertas laborales que ofrece el sector privado.

El grave riesgo que surgirá en varias áreas gubernamentales, es que funcionarios muy experimentados y con conocimientos muy especializados, como los que hay en la Secretaría de Hacienda, que administran las finanzas públicas del país, por poner un ejemplo, renunciarán al cargo y entonces tendrá que habilitarse a otros que carecerán del perfil profesional y la experiencia requerida, lo cual puede llegar a tener un alto costo.

Como es sabido, en las áreas de procuración de justicia esta problemática ha sido grave en los últimos sexenios, porque la integración deficiente de las carpetas de investigación ha permitido que sean liberados delincuentes peligrosos, lo cual seguramente se agravará e impedirá resolver la inseguridad y violencia que vive el país. La ineficiencia de muchos funcionarios ha generado vulnerabilidad gubernamental frente a los abogados de delincuentes, con mayor talento, conocimiento jurídico y experiencia que la parte acusadora.

Es una gran idea la de combatir privilegios y excesos y ello en la práctica debe constituir un gran ahorro para el país, pero los extremos, como lo es la reducción drástica del salario de forma indiscriminada, puede generar un daño irreversible a la nación.

Es necesario revisar la política salarial con una visión técnica y competitiva, para poder retener a quienes tienen talento, experiencia y conocimientos.