MILENIO

A tres años de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y el senador de la República, Rafael Moreno Valle Rosas, luego de que el helicóptero en el que viajaba junto con otras tres personas cayera en campos de Cuautlancingo el pasado 24 de diciembre de 2018, el proceso legal está inconcluso.

Sin embargo, nueve sujetos han sido señalados por su presunta responsabilidad en el hecho. No obstante, hasta ahora no hay ningún sentenciado y un juez federal ya ha señalado de inconstitucional el acuse, todo ello después investigaciones que no ha dado soluciones a los deudos.

Luego de que el pasado 24 de diciembre de 2018 la gobernadora de Puebla, el senador, su asistente, piloto y copiloto de aeronave, fallecieron en el accidente de la aeronave, las investigaciones arrojaron, en primera instancia, una serie de indagatorias. Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó 13 entrevistas a diferentes personas que se presumían como involucradas en el caso.

Tras las diligencias 12 personas fueron imputadas y nueve detenidas, las cuales han sido vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el accidente aéreo, por orden de la FGE, decisión tomada con base en solo un peritaje, mismo que se realizó el pasado 27 de marzo del 2020 por la Agencia Federal de Aviación (AFAC), perteneciente a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

Ante dicho dictamen, en diciembre de 2020, las autoridades ministeriales aprehendieron a seis presuntos responsables de los delitos de homicidio culposo y falsedad de declaraciones. No obstante, otros tres imputados gozaron de su libertad condicional desde el inicio de su proceso legal.

Por otra parte, el 22 de junio de 2021, en audiencia, la defensa legal de los señalados acusaron la falta de una prueba de ADN, inconsistencias en la investigación y un dictamen de peritaje insuficiente. Esto fue presentado ante un juzgado federal, donde se determinó que este órgano llevaría el caso por la relación con la muerte de las cinco personas, entre ellas la gobernadora y el senador.

Posterior a dicha audiencia, el 25 de junio del presente año, un juez federal pidió de manera oficial tomar control sobre el caso correspondiente a la muerte de las cinco personas, ello en función del artículo 50 de la Ley Orgánica.