Staff/Rossi

Como parta del ciclo “Repensar lo social para afrontar la pospandemia Covid-19”, defensores de derechos humanos analizaron la situación que se vive en México y la región en el contexto de la pandemia.

Las consecuencias por la aparición y diseminación del Covid-19 han sido muchas y diversas. Su impacto ha sido tal que pasa, por supuesto, por la afectación a los sistemas de salud de los países, pero también por su golpe a la economía y a la educación, producto de los prolongados periodos de confinamiento. En ese contexto, las afectaciones relacionadas con los derechos humanos también han comenzado a llamar la atención de sus defensores.

Para arrojar luces de qué está pasando en esta materia, a partir de la pandemia de Covid-19, la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México y Puebla, el ITESO y el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) Jesuitas por la Paz llevaron a cabo el ciclo de diálogos “Repensar lo social para afrontar la pospandemia Covid-19”, que tuvo como objetivo abrir un espacio para la reflexión sobre los cambios que se necesitan realizar para adaptarse a las nuevas condiciones sociales.

El ciclo incluyó diálogos sobre la reconstrucción del tejido social y la economía solidaria. La última sesión, coordinada por el ITESO desde el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ), tuvo como título “Los efectos del Covid-19 en los derechos humanos” y se llevó a cabo el 29 de mayo pasado.

Luis Arriaga, SJ, rector del ITESO, señaló al arranque de la actividad que “la pandemia ha impactado en el goce de los derechos humanos en México y en el mundo”. Explicó que las universidades confiadas a la Compañía de Jesús están abocadas al estudio de las consecuencias del Covid-19 en la población más vulnerable y señaló que “la situación tiene muchas aristas que obligan a analizar los distintos impactos para identificar los aspectos estructurales”.

El Rector enfatizó que “la dignidad humana debe estar siempre al centro del actuar del Estado” y que “los derechos humanos deben estar al frente y al centro de todo esfuerzo, no hay disyuntiva”.

La encargada de conducir la sesión fue Alejandra Nuño, directora del CUDJ. Luego de la intervención de Luis Arriaga, SJ, cedió el turno a Jesús Peña Palacios, representante de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Peña dijo que vivimos una “crisis sin precedentes” y que el mayor impacto se verá en el Índice de Desarrollo Humano, que por primera vez en 30 años sufrirá lo que calificó como “un fuerte retroceso”.

Indicó que el Covid-19 ha venido a amplificar las desigualdades sociales en los países y mencionó que “si no somos capaces de generar equidad, muchas personas se van a quedar atrás”. En ese sentido agregó que es fundamental entender que “los derechos humanos deben estar en el centro de la respuesta que den los países”.

Expresó además que el escenario es muy complicado, ya que al llegar al final del confinamiento se puede anticipar una segunda o tercera oleada de contagios. “Es una prueba a los liderazgos. Si la reapertura se maneja mal, todo el esfuerzo hecho hasta ahora habrá sido en vano. No podemos dejar que la política y la economía encabecen los esfuerzos porque va a ser mayor el costo a largo plazo. No podemos volver a una economía ‘normal’ ni al statu quo”.

El segundo turno fue para Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación en Amnistía Internacional para las Américas. Ella calificó como preocupante el panorama de la región en materia de derechos humanos y enumeró cuatro patrones principales en el actuar de los Estados: la detención como primer recurso, los malos tratos hacia las personas en situación de calle y las que no pueden guardar le confinamiento, el uso de la fuerza para disolver manifestaciones y el establecimiento de cuarentenas obligatorias en centros de confinamiento en condiciones inhumanas.

Jiménez subrayó que “la represión no es protección” y que “no es la primera vez que pasamos por una situación excepcional, pero ningún control de la emergencia implica un cheque en blanco para los gobiernos. Actualmente América Latina está en el epicentro del Covid-19 y todos esperamos que el gobierno nos proteja, pero no habrá una protección efectiva si se violan los derechos humanos”.

Luis Orlando Pérez Jiménez, SJ, colaborador del área de educación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, contó tres casos a los que el centro ha estado dando seguimiento: dos personas privadas de su libertad por delitos que no cometieron y una pareja que corre riesgo de ser deportada a su lugar de origen, donde es perseguida.

Los ejemplos “sirven para entender la zozobra que viven las personas. La pandemia ha agravado y hecho más evidente la desigualdad del país”. El jesuita indicó que han estado analizando los decretos emitidos por los gobiernos de Jalisco, Michoacán y Coahuila, documentos que aunque en el discurso buscan proteger a la población en realidad abren la puerta a diversas violaciones de derechos humanos.

En ese sentido, añadió que “es necesaria una mayor rendición de cuentas y un control a estas medidas, que son más bien formas simbólicas de los gobernadores para lucirse”.

Las intervenciones concluyeron con Rosario Arrambide, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, de la Ibero Puebla, quien señaló que el confinamiento ha venido a agravar el entorno de violencia contra mujeres y niñas “aunque el presidente lo niegue”.

La académica recalcó que en marzo de este año se registró un aumento de 14.8 por ciento en los delitos de violencia familiar y destacó que esto se explica porque “al pasar más tiempo con el agresor aumenta el riesgo”. Habló también de las condiciones que atraviesan los migrantes en los centros de detención, así como de las situaciones de exclusión y desigualdad que viven las poblaciones rurales e indígenas, que no tienen acceso a los servicios de salud.

“Es urgente colocar una mirada social sobre los actores vulnerables para que no se queden desdibujados. Debemos exigir políticas públicas en las que participe la ciudadanía”.

Los cuatro participantes coincidieron en que es necesario hacer una mayor inversión en protección social, ser creativos para repensar la protesta, no caer en narrativas alternas y defender el derecho al territorio. Al cerrar el diálogo, Alejandra Nuño sentenció que sí hay espacio para la esperanza y que “el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo”.