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El relator especial de las ONU* sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica afirmó este jueves que el Gobierno de Perú usó excesiva y desproporcionadamente la fuerza durante las protestas de diciembre de 2022 que dejaron un saldo de más de 60 muertos y centenares de heridos.

Al terminar una visita oficial de diez días a Perú, Clément Nyaletsossi Voule instó a garantizar que los responsables de matar y herir a los manifestantes rindan cuentas ante la justicia.

El 7 de diciembre pasado, el presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido y detenido luego de haber informado que cerraría el Parlamento e instauraría un gobierno de excepción basado en decretos para restablecer el estado de derecho y la democracia. Castillo fue acusado tramar un golpe de Estado para evitar un juicio político por cargos de corrupción.

Depuesto Castillo, quien fuera electo en julio del año pasado, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo, según lo dispone la Constitución del país. Boluarte es la sexta mandataria de Perú a partir de julio de 2016.

Estos acontecimientos desataron en todo el país una ola histórica de movilizaciones que encontraron como respuesta medidas de represión y uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.

Más de 60 personas murieron en enfrentamientos en los que también hubo cientos de heridos, incluyendo mujeres, niños, integrantes de comunidades indígenas y agentes policiales. Además, la violencia causó la destrucción de propiedades.

Reconocer el sufrimiento de las víctimas

El relator especial condenó todos los actos violentos y aseguró que para superar la crisis social e institucional que vive actualmente Perú es imprescindible que haya justicia, además de una reforma política.

“El Gobierno debe acercarse a las víctimas de las recientes protestas y reconocer su sufrimiento. Tiene la obligación de garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones rindan cuentas de manera efectiva”, declaró.

Voule añadió que el Estado “debe garantizar el acceso a la justicia, los recursos, la reparación y la indemnización a las víctimas, incluso asumiendo el costo del tratamiento médico de los heridos”.

Racismo y discriminación

El experto denunció la exclusión, el racismo y la discriminación que existen de manera muy arraigada en Perú, considerando que afectaron la respuesta gubernamental a las movilizaciones.

Detalló que las comunidades indígenas que protestaron fueron estigmatizadas y llamó al gobierno a reconocer que se les reprimió de forma violenta y desproporcionada.

En este sentido, exhortó a las autoridades a respetar los derechos humanos de todos los peruanos abordando las causas históricas de fondo de las protestas que, a su parecer, reflejan una pérdida de confianza en el orden democrático y en las instituciones existentes en Perú.

“Las poblaciones indígenas y rurales se sienten particularmente excluidas y no representadas en los sistemas económico, social y político del país. Son las más impactadas por la exclusión y la pobreza y no se han beneficiado de los años de democracia”, señaló.

Voule planteó la necesidad de que Perú aborde las profundas injusticias sociales y económicas, y las disparidades que afectan a las comunidades rurales e indígenas, garantizando su acceso a la justicia, la educación y los servicios de salud.

El país debe aceptar que la solución a esta crisis reside, en gran parte, en la inclusión y justicia hacia esas comunidades, apuntó.

Asimismo, precisó que Perú requiere adoptar reformas políticas para reforzar el estado de derecho, la separación de poderes y crear una democracia más representativa y participativa.

Como un primer paso para reducir las tensiones, el experto exhortó a un diálogo amplio y representativo para debatir las reformas, que incluya a las comunidades que protestan.