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Expertos de la ONU* han solicitado a Colombia que deje de utilizar indebidamente las medidas antiterroristas y los delitos penales graves, como el terrorismo, para procesar a personas por participar en protestas contra las políticas del Gobierno.

Los expertos instaron a las autoridades a garantizar que los cargos que se presenten se ajustan al derecho internacional y a las normas de derechos humanos. “El uso de acusaciones tan atroces para perseguir conductas violentas durante las protestas supone una grave amenaza para la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y para la legitimidad de los marcos y leyes internacionales contra el terrorismo”, afirmaron los expertos. “Tiene un efecto amedrentador y fomenta las campañas de vilipendio contra los movimientos de protesta en el país”.

La información recibida por los expertos indica que 228 personas que participaron en las protestas de 2021 han sido acusadas de delitos graves, entre ellos terrorismo y conspiración para delinquir, por los que algunas personas se enfrentan a más de 22 años de prisión. Más de 180 manifestantes permanecen en prisión o bajo arresto domiciliario, a pesar de las disposiciones legales que permiten la puesta en libertad de las personas detenidas en relación con las protestas para que puedan esperar su juicio en libertad. Entre los detenidos hay manifestantes pacíficos y jóvenes que presuntamente dañaron bienes públicos y privados y participaron en actos violentos y destructivos.

“Condenamos enérgicamente cualquier tipo de violencia durante las protestas”, afirmaron los expertos. “Aunque reconocemos la responsabilidad del Estado de responder a la violencia, entre otras cosas investigando, previniendo y disuadiendo tales actos, las personas violentas entre manifestantes pacíficos deben ser tratadas con justicia y de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos”, afirmaron.

Los expertos expresaron su preocupación por los informes sobre estigmatización y acoso judicial a defensores de los derechos humanos, reporteros y abogados defensores procesados en el contexto de estos procedimientos.

Destacaron que las decisiones de procesar, mantener en prisión preventiva, condenar o conceder indemnizaciones por daños y perjuicios a manifestantes deben cumplir los requisitos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. “Las penas de prisión por actividades de protesta no violentas y por el ejercicio de derechos humanos, como la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión, son siempre desproporcionadas y, por tanto, incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”, afirmaron los expertos.