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“La demolición sistemática de viviendas palestinas, la construcción de asentamientos israelíes ilegales y la denegación sistemática de permisos de construcción para los palestinos en la Cisjordania ocupada equivale a “domicidio”, afirmaron este lunes tres expertos de la ONU en derechos humanos*.

En un comunicado conjunto, los relatores especiales sobre la situación de las garantía fundamentales en los territorios palestinos ocupados, sobre el derecho a una vivienda adecuada, y sobre los derechos de las personas desplazadas, se pronunciaron en favor de que la comunidad internacional tome medidas para detener la demolición y el sellado sistemáticos y deliberados de viviendas, el desplazamiento arbitrario y los desalojos forzosos del pueblo palestino en la Cisjordania ocupada.

Detallaron que, sólo en el pasado mes de enero, las autoridades israelíes habrían demolido 132 edificaciones palestinas en 38 comunidades en la Cisjordania ocupada, 34 de ellas eran estructuras residenciales y 15 habían sido financiadas por donantes.
Esta destrucción significó un aumento del 135% con respecto al mismo periodo de 2022, e incluyó cinco demoliciones punitivas.
Amenaza a la existencia del pueblo palestino

Los expertos reiteraron su preocupación por la situación en Masafer Yatta, donde más de 1100 residentes palestinos siguen en riesgo inminente de desalojo forzoso, desplazamiento arbitrario y demoliciones de sus viviendas, medios de subsistencia y estructuras de agua y saneamiento. En noviembre de 2022, las autoridades israelíes demolieron una escuela financiada por donantes en Isfey al Fauqa. Otras cuatro escuelas en el área están bajo órdenes de demolición.
De acuerdo con los relatores, los ataques directos a los hogares, las escuelas, los medios de subsistencia y las fuentes de agua del

pueblo palestino son una muestra de que Israel intenta restringir el derecho de los palestinos a la autodeterminación “y amenazar su existencia misma”.

“Las tácticas de Israel de desplazar y desalojar por la fuerza a la población palestina parecen no tener límites. En Jerusalén Oriental, decenas de familias palestinas enfrentan riesgos inminentes de desalojos forzados y desplazamiento debido a los regímenes discriminatorios de zonificación y planificación que favorecen la expansión de los asentamientos israelíes, un acto que es ilegal según el derecho internacional y equivale a un crimen de guerra”, puntualizaron.

Las medidas de castigo como la revocación de documentos de identidad, y de los derechos de ciudadanía, residencia y seguridad social que el gobierno israelí aplica a los presuntos autores de ataques “terroristas” y sus familiares, también fueron objeto de alarmada denuncia por parte de los expertos.

Citaron como ejemplo que el 29 de enero, las autoridades de Israel anunciaron provisiones para cerrar de inmediato los hogares de las familias de los sospechosos de llevar a cabo los ataques de los dos días anteriores en Jerusalén Oriental, incluido el del asentamiento de Neve Yacoub, que el 27 de enero dejó siete israelíes muertos. Dos familias de los presuntos atacantes fueron desalojadas de sus hogares y, según los informes, más de 40 personas, incluidos familiares de los supuestos perpetradores, fueron detenidas.

Castigo colectivo que viola el derecho internacional

“El estado de derecho debe prevalecer en cualquier acción del Estado contra actos de violencia. El sellado de las viviendas familiares de los presuntos delincuentes y la posterior demolición de sus viviendas constituye una falta de respeto fundamental a las normas internacionales de derechos humanos y al estado de derecho. Dichos actos equivalen a un castigo colectivo que está estrictamente prohibido por el derecho internacional”, recalcaron los expertos.

En este sentido, lamentaron la impunidad imperante frente a las violaciones de derechos humanos y los posibles crímenes de guerra cometidos por la potencia ocupante contra los palestinos. “Ya es hora de que los órganos de adjudicación internacionales determinen la naturaleza de la ocupación israelí y busquen justicia y rendición de cuentas por todos los crímenes cometidos en el territorio palestino ocupado”, enfatizaron.

Asimismo, recordaron que han planteado en repetidas ocasiones su preocupación al gobierno israelí sin haber obtenido ninguna respuesta.