Hipólito Contreras

Algunos servidores públicos piensan que pueden atender a lo que ellos consideran de interés superior de los ciudadanos y de la nación y consideran que sus proyectos alternativos de nación son los únicos y a quien se opone lo consideran contrario a los intereses de la nación, esto no debe ser en un estado democrático, afirmó Alberto Palacios Santillán, integrante de la Barra Mexicana de Abogados.

Esto, dijo, no puede ser así en un estado democrático en el que nos encontramos porque hay pluralidad de ideología y la propia Constitución como ley fundamental protege esa pluralidad, pero en el proyecto político vigente todo lo que se aponga a esa forma de pensar del proyecto ser considera contrario a los intereses de la nación.

Explicó que la cultura de la legalidad tiene que ver con dos aspectos: el cumplimiento de la ley, la observancia por parte de los ciudadanos y la aplicación de sanciones de tipo legal, de responsabilidad civil y de responsabilidad penal.

Los abogados, dijo, somos como factores sociales una parte fundamental en la cultura de la legalidad, tenemos obligaciones que denunciar todas aquellas conductas que vulneren la ley, las conductas que se tipifican como delitos en materia político electoral, son perseguibles de oficio, los puede denunciar cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que se están realizando.

Explicó que en mayo del 2014 se promulgó por el Congreso de la Unión una ley en materia de delitos electorales que tipifica las diversas conductas de ciudadanos y servidores públicos que se ven inmersos en un proceso electoral, el artículo 11 de esta ley general en materia de delitos electorales, establece diversas conductas que están restringidas para los servidores públicos y dependencia e instituciones electorales

Por su parte el abogado Alfonso Aguilar, experto en derecho electoral, afirmó que la libertad de expresión no puede rebasar los límites de respeto, en materia electoral todo servidor público tiene la obligación de respetar el artículo cuarto constitucional, no pueden participar en el proceso electoral, no pueden hacer manifestaciones de apoyo o rechazo a ninguna fuerza política, no deben violentar la equidad en la contienda ni el uso de recursos públicos.

Cuando un servidor público incumple con la ley puede ser sancionado, por ley, señaló, el presidente de la república no puede hablar de temas electorales en sus conferencias mañaneras, esto aplica a los funcionarios de los tres niveles, no pueden restringir el derecho de los ciudadanos de votar y ser votados.