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Un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “muestra un patrón de violaciones y abusos” de estas garantías fundamentales “seguido de la falta de rendición de cuentas”, aseguró su portavoz.

Marta Hurtado también expresó la preocupación de la Oficina que dirige Michelle Bachelet por los recientes decretos presidenciales que crean una agencia nacional de inteligencia y fortalecen el sistema de la seguridad pública, “porque los análisis preliminares indican que no parecen estar en línea con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.

También conllevan el riesgo de conducir a una mayor represión de las libertades de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión.

“Los actos de violencia cometidos por manifestantes en protestas anteriores no deben servir como pretexto para restringir las libertades fundamentales y reducir el espacio cívico”, aseguró Hurtado.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también está preocupada por la inseguridad, la pobreza y las desigualdades estructurales persistentes en Haití, junto con el aumento de las tensiones políticas, lo que puede llevar a un descontento público seguido de una violenta represión policial y más violaciones de los derechos humanos.

En los últimos meses, los secuestros para pedir rescate, los ataques de bandas criminales contra barrios supuestamente rivales y la inseguridad generalizada han aumentado en Haití en un contexto de impunidad casi total.

Tensiones políticas

Paralelamente, las tensiones políticas están resurgiendo debido a las disputas sobre el calendario y el alcance de las elecciones y un referéndum sobre la reforma constitucional propuesta por el Gobierno.

“Los llamados a protestas masivas han ido en aumento. Esto, a su vez, genera preocupaciones por las renovadas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la vigilancia de las protestas, como se vio durante las protestas durante meses en 2018 y 2019, así como durante las manifestaciones de octubre y noviembre del año pasado”, afirmó Hurtado.

Añadió que “las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley haitianos y los abusos de derechos humanos cometidos por pandilleros durante los disturbios sociales de 2018-2019”, están documentados en un informe publicado por su Oficina.

El informe muestra un patrón de violaciones y abusos de los derechos humanos seguido de casi la falta de rendición de cuentas. Además, documenta violaciones a los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión.

Las autoridades deben evitar que se repita

El documento también recoge los impactos de las manifestaciones y las barricadas en la vida cotidiana del pueblo haitiano, especialmente en 2019. Más específicamente, aborda las restricciones a su libertad de movimiento, su acceso a la atención médica, incluida la salud sexual y reproductiva, su acceso a la educación y su derecho a la alimentación. También el impacto que esas protestas tienen en las prisiones haitianas.

“Las autoridades deben tomar medidas de inmediato para evitar la repetición de estas violaciones y abusos de los derechos humanos, asegurándose de que los agentes del orden respeten las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza cuando se enfrentan a protestas”, declaró Hurtado.

También deben garantizar que las pandillas no interfieran con el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente.

Además, el Gobierno también debe garantizar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos pasados, asegurando justicia, verdad y reparación.

Haití debe tomar medidas para abordar las quejas de la población y las causas fundamentales que alimentaron las protestas, incluida la impunidad generalizada, las denuncias de corrupción, la pobreza persistente, las desigualdades estructurales, el acceso limitado a los servicios sociales y otras dificultades en el disfrute de los derechos económicos y sociales por el pueblo haitiano.

Hurtado señaló que la Oficina acoge “con satisfacción” el compromiso de la Policía Nacional de Haití con la reforma de las prácticas documentadas en el informe, incluida la garantía de que los agentes que participan en la vigilancia de las protestas reciban la formación y las instrucciones adecuadas.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está dispuesta a seguir apoyando a las autoridades estatales en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos y expresa su voluntad de seguir trabajando para establecer una oficina en el país.