Ricardo Homs

El ámbito jurídico, el Talón de Aquiles del actual gobierno

“Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”, declaró el presidente en conferencia mañanera en Palacio Nacional realizado durante la segunda quincena de abril de este año al referirse al memorándum con el cual pretendió derogar la reforma educativa del 2013.

La implicación que tiene esta frase es demoledora: aplicar la justicia al margen de la ley justifica la justicia por propia mano; por ejemplo, que los ladrones sean linchados y quemados en un pueblo y también puede justificar que un grupo de vecinos que detiene a un ladrón, en lugar de entregarlo a las autoridades le den un escarmiento a palos. Seguramente pronto veremos que en venganza los violadores serán castrados.

Sin embargo, muchos de los supuestos ladrones, secuestradores y violadores linchados que perdieron la vida, eran inocentes, pues después de su muerte se descubrió que no eran culpables de lo que se les acusó y como no hubo un juicio, no tuvieron forma de demostrar su inocencia.

Entre la justicia y la ley… optar por la justicia, tiene graves implicaciones. Debiese ser impensable que pueda haber justicia al margen de la ley.

Sin embargo, en los mensajes oficiales hay toda una estrategia de estigmatización de la ley tergiversando su significado. Esto podría revertirse en un boomerang que destroza el poco respeto que la sociedad mexicana hoy siente por la ley y las instituciones que imparten justicia.

Como ejemplo del poco respeto al estado de derecho vemos la pretensión de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra de convertir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una “procuraduría de los pobres”, lo cual es una aberración jurídica.

Esta propuesta de reconvertir a la CNDH en “procuraduría de los pobres” es inconstitucional, pues es total y absolutamente discriminatoria. Si usted no forma parte de este porcentaje de población que vive en pobreza, usted no tendría derecho a recurrir a esta nueva procuraduría para que le defienda de ningún abuso y ya no existiría la CNDH, que sí debe ser incluyente.

Si quieren crear esta fiscalía, tendría que ser una fiscalía nueva, pero la CNDH no puede transformarse, sino que debe cumplir con sus responsabilidades de ley.

Esta falta de compromiso con la misión de la CNDH nos pudiera explicar que, al margen de las intenciones de la actual presidenta, esta institución se esté convirtiendo en un dique para bloquear las demandas ciudadanas en contra de las autoridades.

La actitud de esta institución, interpretada a partir de la inacción evidente, parece responder a una estrategia de sabotaje para favorecer las acciones cuestionables de las autoridades de todos los niveles de gobierno. La actual CNDH con esta actitud deja el camino libre a quienes ejercen el poder, aunque se violen derechos de terceros.

En esencia, muchos de los planteamientos del presidente de la República responden efectivamente a las expectativas ciudadanas y al sentir de un pueblo que tradicionalmente y desde hace muchísimo tiempo, no ha tenido acceso a la justicia.

Sin embargo, el problema está en definir los medios para resolver estos graves problemas, respetando la ley y no dando soluciones que pasan por encima de ella. El gobierno debe entender que las soluciones de hoy crean precedentes para mañana.

Menospreciar la ley con mensajes que llevan a la pérdida de autoridad moral, estimulan las acciones de grupos de población que colectivamente cometen delitos, principalmente de tipo patrimonial, descarrilando ferrocarriles para desvalijarlos, o toman edificios y los vandalizan, o saquean comercios, entre otros actos delictivos.

La ley se creó como instrumento para impartir justicia, pero hoy hay un discurso creciente de resentimiento en contra de ella, pues se le pretende significar como represora, lo que entonces justifica hacerla de lado.

Preguntémonos, si la ley no es el vehículo legítimo para impartir justicia, ¿Cuál es ese instrumento que debe aplicarse?… ¿el criterio personal de quien gobierna?… o ¿las decisiones de una comunidad erigida en juez?… o ¿lo serán las consultas públicas?

Los planteamientos de este gobierno respecto a temas jurídicos ponen en riesgo el Estado de Derecho pues pretenden extralimitar las facultades del Poder Ejecutivo respecto a la autonomía del Poder Judicial, que al igual que el Poder Ejecutivo, es uno de los tres Poderes de la Unión.

Este gobierno no ha dimensionado que al estigmatizar la ley frente a la ciudadanía y significarla como represora, está erosionando su propia autoridad moral para aplicarla en el futuro y esto puede convertirse en un boomerang.

De no rectificarse este camino demagógico, pronto imperará en México la ley de la selva y esto significa la ley del más fuerte, la ley del poderoso, que se aprovechará de la gente vulnerable, o sea de los más pobres.

¿Usted cómo lo ve?