Ricardo Homs

No quiero ni imaginarme a un gobernador, alcalde o funcionario público con influencia en el ámbito judicial, que esté interesado en un bien raíz cuyo propietario sea un ciudadano sin relaciones políticas y sin capacidad de generar un escándalo mediático, como sucedió en Nayarit con las argucias del fiscal del estado, Edgar Veytia.

Mientras Veytia fue fiscal, extorsionó a ciudadanos cuando estos no querían vender su propiedad al precio de remate que él fijaba.

Para lograrlo utilizaba amenazas y llegaba al uso de la tortura policiaca cuando estos se resistían. De este modo quitó su patrimonio inmobiliario a muchas familias.

Las historias que recientemente han empezado a surgir a partir de los testimonios de las víctimas nos reflejan la vulnerabilidad del ciudadano frente a las ambiciones de quien tiene poder.

El actual fiscal de Nayarit Petronilo Ponce ha dado a conocer que llevan abiertas 17 carpetas de investigación contra el ex fiscal Veytia y 11 contra el ex gobernador Roberto Sandoval, para quien trabajaba Veytia.

Hoy que este ex fiscal está preso en Estados Unidos por acusación de narcotráfico, es que sabemos que además tenía una notaría propia, lo cual le permitía operar estas expropiaciones.

Desde el poder gubernamental se pueden cometer latrocinios con total impunidad, sembrando temor en las víctimas.

A partir de esta ley de Extinción de Dominio se facilita la usurpación y el despojo. Con la presión de la amenaza de sembrar droga en una propiedad, se puede doblegar al propietario que no quiere vender su propiedad, para que lo haga.

Después de la extorsión y las amenazas, para evitar un lío judicial derivado de una denuncia falsa y amañada, cualquiera vende a un funcionario un bien raíz a un precio irrisorio.

Eso se podrá hacer con gran facilidad desde gobiernos locales, lejos de los medios de comunicación en el interior del país, con gente poco visible para la opinión pública.

Esta ley, con la regulación simplista de hoy, permitirá el surgimiento de bandas de funcionarios públicos dedicados a extorsionar ciudadanos.

Evidentemente es la estrategia correcta atacar la fortaleza económica de las bandas del crimen organizado. Sin embargo, es necesario blindar esta con candados jurídicos que eviten que se cometan abusos. No se deben solucionar problemas abriendo la puerta a otros que hoy no existen.

El problema de la corrupción que hoy aqueja a nuestro país no es ni un asunto cultural, como expresó en un famoso discurso el presidente Peña Nieto, ni que los mexicanos seamos mafiosos. Las ambiciones humanas son de carácter universal y de ello hay constancia a lo largo de la historia.

La forma en que otros países han abatido la corrupción es poniendo candados jurídicos que impidan que los bribones puedan sacar provecho los cargos públicos. La corrupción es un problema organizacional del ámbito jurídico.

Por ello la ley de extinción de dominio debe ser instrumentada hasta que se haya garantizado que bajo ninguna circunstancia, podría cometerse una injusticia en contra de un ciudadano inocente y de su derecho a poseer un patrimonio.

Aún hay mucho que trabajar respecto a la extinción de dominio, cortando el camino a los posibles abusos. Sólo cuando se haya garantizado la inviolabilidad de esta ley, es cuando debe surtir efecto.