Ricardo Homs

La decisión de la Cámara de Diputados de eliminar la “compensación universal”, por la cual a partir de la fecha que entre en vigor esta disposición no se podrán compensar excedentes de un tipo de impuesto para pagar otro, como sería utilizar el excedentes de IVA para pagar lSR, afectará a empresas micro y PYMES de todo el país, que representan precisamente a la parte vulnerable de la economía y productividad de México.

Productos, como un gran número de alimentos no envasados, servicios y productos básicos de la industria de la construcción, libros y publicaciones, insumos para el campo, medicinas, entre otros productos, no generan IVA, pero las empresas y negocios que los manejan pagan IVA a terceros que respaldan su operación.

Las empresas que tienen que ver con el campo y alimentos básicos, seguramente se verán afectadas.

Eso implica que aunque el dinero se los devuelva el SAT tiempo después, la eliminación de la “compensación universal” les impactará.

En un país donde el crédito bancario es tremendamente caro e inaccesible para micro y PYMES y además, difícil de conseguir, pues sólo reciben créditos bancarios quienes dejan garantías mayores al monto del préstamo, la eliminación de la “compensación universal” significa quitar dinero fresco a los pequeños negocios que viven al día de forma modesta. A partir de la fecha en que entre en vigor esta regla, podrían verse en la necesidad de buscar financiamiento para solventar sus gastos cotidianos y de este modo necesitarán conseguir préstamos de emergencia, de esos que son de alto riesgo y que casi caen en la categoría de usura.

El argumento de los diputados define que con esta estrategia fiscal se dará un duro golpe a un número estimado en diez mil empresas fantasma, que significan 500 mil millones de pesos de evasión fiscal a través de facturas falsas.

Sin embargo, en un mundo regido por la tecnología y donde el SAT tiene el control total y absoluto del dinero que circula en México, con ayuda de los bancos que administran las cuentas de cheques, seguramente habrá otros medios para identificar a estas empresas y limitar la operación de los evasores.

Seguramente a este problema de falta de control financiero, que es donde anida la corrupción total del país, lo que le da vida es que en las administraciones anteriores no hubo decisión política para evitar que se dieran prácticas corruptas y manejo económico en total opacidad. Quizá esta falta de control financiero ha sido un argumento gubernamental para justificar un uso discrecional de los recursos públicos. ¿Usted cree que en el SAT pudieron no haberse dado cuenta del saqueo de los gobernadores hoy cuestionados?, o ¿de los manejos multimillonarios corruptos cuando en la práctica tienen control de las cuentas bancarias de las personas físicas de medianos ingresos?.

No es descabellado pensar que en el caso de prácticas corruptas y evasión fiscal se de un caso similar al del robo de combustible. Al inicio del combate al huachicoleo, emprendido por la administración del presidente López Obrador, se llegó a mencionar que parecía ser que el robo por parte de la delincuencia organizada equivalía al 20% del total y el resto se debía a colusión entre

personal de PEMEX. Esto quiere decir que hablar del robo de combustible por bandas organizadas no fue sino un simple distractor, para que el robo interno se pudiese consumar.

Haciendo un paralelismo, no es imposible que la corrupción hubiese tenido su origen en funcionarios públicos de mediano nivel para arriba, vinculados a la Secretaría de Hacienda. Por tanto, una mirada hacia adentro de esta institución será muy importante para cumplir la promesa de campaña de erradicar la corrupción.

Para evitar la economía paralela, o sea la economía informal, el fisco debe facilitar la operación de toda su base de causantes, ayudarlos y tratarlos de la mejor forma posible y a su vez, enfocar sus baterías sobre la economía informal, que es esa que realmente no paga ningún impuesto y además donde se esconde la delincuencia organizada.