Ricardo Homs

¿Qué tipo de democracia queremos y qué tipo de democracia tenemos?

Esta es la pregunta que debemos hacernos. Seguramente no nos damos cuenta de que estamos entrampados en grandes fantasías democráticas que se sustentan en espejismos.

Veamos… cada vez que surge un problema colectivo, algún grupo toma la iniciativa de bloquear calles, vialidades o carreteras y con ello damos la impresión de que se está ejerciendo un derecho ciudadano.

Sin embargo, estas acciones unilaterales perjudican a otro sector de la población, ya sea quienes utilizan la autopista que está tomada y ya no podrán llegar a tiempo a entregar la mercancía, teniendo que absorber una pérdida económica.

O cuando se bloquean vialidades, un gran número de personas ajenas al conflicto no llegarán a tiempo a la cita que tenían o a su trabajo y tendrán consecuencias empresariales o laborales.

Cuando se bloquea una zona céntrica de la ciudad se afecta gravemente al comercio organizado, ese que paga impuestos y que no levanta su puesto semi ambulante y se va a otra zona y sin embargo es protegido por el gobierno con visión populista, aunque no pague impuestos, pero sí usufructúa los servicios públicos que subvencionamos quienes sí pagamos impuestos. De este modo, modestos restaurantes quiebran al no llegar comensales, pues estos no quieren estar en una zona de conflicto y los meseros no reciben propinas y quizá los restauranteros tengan que despedir a sus cocineros, por poner un ejemplo.

Esa visión egoísta de que primero mis derechos, “se joda quien se joda”, no es una visión democrática, sino la ley de la selva y denota un vacío de autoridad moral y debilidad institucional por parte de quienes gobiernan, que no son capaces de imponer el “Estado de derecho” y la ley, así “¡a secas!”.

El “modus operandi” de las movilizaciones, supuestamente sociales, es muy simple: afectar a la sociedad para obligar a las autoridades a resolver a su favor, bajo la presión de los afectados por las acciones subversivas de unos, que se sienten afectados por alguna problemática.

Esto es simple y llanamente extorsión social y política, bajo el paraguas del libertinaje político que genera el caos lingüístico del lenguaje democrático, que pone a la sociedad de rehén para obtener los beneficios que buscan unos cuantos que tienen la capacidad de manipular a su favor la situación.

No se pueden respetar derechos de unos sobre la base de perjudicar a terceros. Sin embargo, eso es lo que sucede continuamente. Esa es la supuesta democracia que hemos ganado a partir del año 2000 y de la que nos enorgullecemos. Esto es lo que ahora se está viviendo en Tabasco como resultado del caos financiero que está dejando el gobernador Arturo Núñez.

De que los funcionarios públicos tabasqueños tienen todo el derecho a exigir el respeto a sus derechos laborales, no cabe duda y que se debe exigir llegar hasta las últimas consecuencias respecto a las responsabilidades del gobernador Arturo Núñez, también. Sin embargo, el modo en que se busque resolver este problema, es determinante.

Las acciones para exigir el respeto a los derechos de unos, no deben afectar los derechos de otros ajenos al conflicto.

Una democracia plena, madura y constructiva, debe sustentarse en el respeto a la sociedad y en el principio básico de que no puedo exigir respeto a mis derechos si en la forma en que lo hago afectó los derechos de los demás.

Mientras sigamos viviendo en la democracia de la extorsión, estaremos viviendo una democracia “bananera” que no es más que la “ley de la selva”.