El secuestro del Mayo Zambada –condenado a cadena perpetua en EU– y el asesinato del exrector Cuén desataron una guerra que deja siete mil víctimas en la impunidad; dos años después de esos hechos, ningún funcionario ha sido procesado

La guerra que devora Sinaloa: 3 mil homicidios, 4 mil desapariciones y 1 gobernador en casa

El secuestro del Mayo Zambada –condenado a cadena perpetua en EU– y el asesinato del exrector Cuén desataron una guerra que deja siete mil víctimas en la impunidad; dos años después de esos hechos, ningún funcionario ha sido procesado

Proceso

CULIACÁN, Sin (Proceso).– La fractura del Cártel de Sinaloa consumada con el secuestro de Ismael el Mayo Zambada García, y el presunto involucramiento de políticos locales con el gobernador morenista Rubén Rocha Moya a la cabeza, detonaron en ese momento una crisis de violencia y de gobernanza que prevalece después de dos años.

En una carta, Zambada García advirtió cómo fue víctima “de una traición”. Fue citado el jueves 25 de julio de 2024 a una reunión con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y con Héctor Melesio Cuén Ojeda, exaliado de Morena y en ese momento el acérrimo rival del oficialismo estatal, en un inmueble del residencial Huertos del Pedregal.

La idea era zanjar las diferencias políticas. Pero Melesio Cuén fue asesinado y el Mayo secuestrado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos, donde fue detenido por las autoridades de ese país y recién condenado a cadena perpetua en una corte local.

Han pasado dos años desde que en Sinaloa se firmó una declaración de guerra. El predio de descanso en Huertos del Pedregal sigue con los sellos de aseguramiento, y en su interior la Fiscalía General de la República (FGR) comprobó que en ese inmueble fue secuestrado el líder histórico del Cártel de Sinaloa y también fue asesinado Cuén Ojeda, político de los más poderosos de Sinaloa.

Ambos crímenes, los más graves de ese caso, siguen impunes al igual que se mantienen sin justicia más de 94% de los cerca de tres mil asesinatos; tampoco están resueltas las casi cuatro mil desapariciones registradas oficialmente desde ese jueves a la fecha.

Las únicas “novedades” del caso Sinaloa son la separación de Rubén Rocha Moya como gobernador, vía solicitud de licencia la noche del 1 de mayo de este año, y la acusación contra él y nueve de sus colaboradores, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de parte del gobierno de Estados Unidos por tener nexos con los Chapitos, la facción que traicionó al Mayo Zambada.

Pero el silencio de las autoridades federales y estatales sobre estos hechos se vuelve tan grande que, a principios de este julio, Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo de Cuén Ojeda, advirtió que la FGR no ha entablado comunicación alguna con su familia por el asesinato de su padre.

Siempre en jueves

Los jueves son significativos en Culiacán.

En 2019, poco después del mediodía del jueves 17 de octubre, un operativo de fuerzas federales culminó con una ciudad sitiada y paralizada por grupos armados que sabotearon la captura de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, que formaba parte de los liderazgos de la nueva facción conocida también como “Los menores”. Esos hechos son conocidos como “el primer Culiacanazo”.

El 5 de enero de 2023 un nuevo operativo para la captura de Ovidio se despliega en Culiacán. Una vez más la violencia desatada paralizó totalmente a la ciudad. Los robos de vehículos superaron los 500 eventos en un solo día en la capital del estado y los asesinatos no han sido confirmados por la autoridad como tampoco las personas desaparecidas.

También fue en jueves. Otro jueves negro.

Después de ese par de eventos, la narrativa en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, gira en torno de la constitución de una “pax narca”. Sin embargo, esto es más complejo que un término socorrido una y otra vez en un estado que vive su tercera guerra entre grupos de la delincuencia organizada en 20 años. Es una geografía muy compleja que abarca al territorio desde lo urbano a lo rural.

La investigadora Iliana Padilla Reyes explica en su libro Geografía de la violencia en Culiacán, publicado por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), cómo la diversificación del crimen organizado fue permeando la actividad cotidiana de una ciudad.

Su investigación no quedó ahí. Ahora surgen términos como “gobernanza criminal”, mencionado por otros autores e investigadores. En el caso de Padilla Reyes, ella lo describe como una forma de cómo se estructuran los acuerdos y el poder en ciertas regiones donde los grupos armados, en este caso, grupos que forman parte de la delincuencia, comparten con el estado algunas tareas respecto de la seguridad, de la administración de la violencia, e incluso de la administración de ciertos recursos públicos.

“Este compartir, digamos, es una unión donde participan las autoridades ya sea por coerción, por coacción y también participan diferentes actores en la sociedad, actores económicos, sociales, políticos, y en el caso de Sinaloa es muy claro que se ha estructurado una forma de gobernanza criminal, que diría yo, además es una forma muy peculiar donde se han generado acuerdos entre actores de diferentes ámbitos y en esos acuerdos hay también momentos de redefinición, hay momentos que le he llamado de ruptura y otros que son más suaves”, dijo.

“En este caso –agregó– vimos un quiebre entre dos grupos que participan en la construcción de estos acuerdos y es clave decir esto: son dos grupos que participan, que, sin duda con mucho poder, sobre todo por el poder de las armas y el económico, pero en estos dos grupos participan también otros actores”.

La explicación de la investigadora sinaloense cobra sentido cuando se revisan los últimos dos años en el estado, sobre todo en Culiacán. Los indicadores de generación de empleos han descendido terriblemente con una pérdida de más de 13 mil puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre julio de 2024 a julio de 2025, y al año siguiente la cifra se incrementa a más de 22 mil empleos perdidos con corte a junio último.

La vida social se trastocó al grado que no sólo empleos se perdieron por la guerra, sino que estas cifras ilustran el clima de violencia con los miles de vehículos robados en la capital de Sinaloa en ese lapso y las personas asesinadas y desaparecidas.

Y todo esto obedece, tal vez, a un reacomodo. Iliana Padilla lo explica como la redefinición y siempre suceden en momentos clave como procesos electorales y las capturas de ciertos líderes, o simplemente por una ruptura. Pero también en la gobernanza criminal existen ciclos.

“Otro tipo de momento es que son de ciclos, de ciclos de mucha incertidumbre; entonces a partir del secuestro del Mayo Zambada estamos viendo un ciclo de mucha incertidumbre donde no sabemos cómo y cuándo va a terminar y se va a dar una estabilización de la gobernanza criminal en el estado”, explicó.

En dos años, la guerra en Sinaloa ha tenido como escenario principal a Culiacán y su zona rural, pero desde diciembre de 2025 el sur del estado ha registrado la mayor incidencia de enfrentamientos entre grupos rivales.

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