Por: Ernesto López Portillo*

• Las negativas al fortalecimiento de controles internos y externos, así como a la rendición de cuentas, revelan la barrera sistémica al cambio
• Se trata probablemente del mando superior civil al que más recursos se le han asignado para nuestra seguridad
• La condena es, o debería ser, suficientemente escandalosa para apalancar reformas de enorme calado

Apenas estamos arrancando y ya le quieres poner los frenos a la máquina, me dijo García Luna. Sin frenos, el carro se va a salir de la carretera, contesté. Palabras más, palabras menos, esta conversación a principios del sexenio de Calderón encerró bien la diferencia que siempre tuvimos: nosotros proponíamos ayudar a fortalecer los controles internos y externos, primero sobre la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y luego sobre la Policía Federal, mientras él y su equipo se negaban una y otra vez.

Justo cuando García Luna comenzaba un crecimiento exponencial en su carrera, nosotros fundábamos en 2003 el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde); dos años después, dábamos a conocer, junto con el Cide, el primer libro que traía a México la moderna concepción de la rendición de cuentas policial (police accountability)

Propusimos desde Insyde a García Luna trabajar a profundidad el modelo legislativo, reglamentario y de estándares del uso de la fuerza de la Policía Federal. No prosperó. Propusimos crear un mecanismo externo sobre el entonces naciente sistema de evaluaciones de control de confianza, buscando comprobar si en efecto servía para reducir la corrupción. No se aceptó. Y construimos el anteproyecto para crear el Auditor Especial de las Policías Federales, propuesta que entró al Senado firmada por los líderes de todos los grupos parlamentarios, excepto el del PAN (http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2019/12/Iniciativa-Senado-Proyecto-Auditor-Civil.pdf). Tampoco esto prosperó.

Ayer García Luna fue encontrado culpable en Estados Unidos de varios delitos graves que implican su participación en la delincuencia organizada. Habría que comenzar diciendo que se trata probablemente del mando superior civil al que más recursos se le han asignado para nuestra seguridad, al menos en la historia contemporánea. La Secretaría a su cargo comenzó con 9 mil millones de presupuesto y terminó con 40 mil millones; un crecimiento mayor a cuatro veces

El crecimiento presupuestal no es malo o bueno en sí mismo, lo es en función de evaluaciones idóneas y muchas veces muy complejas en el ámbito de la seguridad. Enfatizo este ángulo porque se acepta generalmente que, a más recursos, más seguridad. Conocí esto en la teoría con el nombre de “modelo incremental” y merece la mayor popularidad. Cuando García Luna recibía más y más y más recursos casi nadie hacía la pregunta difícil: ¿y la rendición de cuentas? De hecho, mil veces nos criticaron precisamente por insistir en fortalecer los medios de evaluación y control sobre el frenético crecimiento del presupuesto y el desarrollo descomunal de la infraestructura.

Aún hoy, bien entrado el siglo XXI, es generalmente impopular esta discusión; tanto, que las personas en campañas electorales nos han dicho por décadas que, incluso sabiendo que el crecimiento de los recursos para la seguridad no resuelve por sí mismo nada, no lo pueden decir así a cielo abierto y tienen que ofrecer el incremento para no poner en riesgo el apoyo del electorado.

García Luna fue alguna vez para mucha gente el mayor héroe y ahora es para muchas personas el villano favorito. La aportación más importante de la teoría de la rendición de cuentas policial es que las buenas y las malas conductas de cada persona en las instituciones policiales están intrínsecamente vinculadas a las culturas institucionales que las promueven y/o toleran. En palabras simples, nada de lo que hizo él fue, digamos, en el vacío. ¿Una obviedad? Nada de eso. En realidad, este juicio podría ser una representación más que potente de la persistente hegemonía de la ya muy vieja teoría de la manzana podrida, esa que aísla artificialmente comportamientos que en realidad deben ser contextualizados en barriles podridos (segmentos de las instituciones).

La condena a García Luna es, o debería ser, suficientemente escandalosa para apalancar reformas de enorme calado que reconstruyan este sistema político que produce frecuentemente instituciones ocupadas por personas que hacen parte de redes de macro criminalidad. La condena debería además empujar la reconstrucción total de esa política prohibicionista de las drogas que le funciona principalmente a esas élites que viven de los grandes presupuestos públicos y de las fortunas ilícitas, poderes que someten a más y más comunidades a través de las más atroces violencias asociadas al mercado ilegal de las drogas.

Por lo demás, las negativas que ese personaje nos propinó una y otra vez son a veces idénticas a las de centenas de personas operadoras de instituciones de seguridad pública a las que hemos propuesto por décadas múltiples posibilidades de fortalecimiento de controles internos y externos, y que replican la respuesta de la barrera sistémica al cambio.

Le quieres poner el freno, me dijo entonces García Luna. Si los controles equivalen a frenos, sí, eso queríamos. Los carros sin frenos chocan.

*Ernesto López Portillo es Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO