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Un georradar localizó la semana pasada una fosa común en el predio del sur de la provincia canadiense de Columbia Británica donde funcionó la Kamloops Indian Residential School, el centro más grande del sistema de internados indígenas de Canadá. En la fosa se hallaron los restos de unos 215 niños estudiantes de esa escuela.

El internado fue dirigido por la Iglesia católica desde fines del siglo XIX hasta finales de la década de 1960, cuando pasó a manos del gobierno federal hasta su cierre en 1978. La escuela formaba parte del sistema de internados indígenas que entre 1831 y 1996 acogió a más de 150.000 niños en 130 escuelas, muchas de ellas administradas por la Iglesia católica o el gobierno federal.

Los estudiantes de esos centros generalmente eran sacados por la fuerza de sus hogares. Una vez internos, no se les permitía hablar su idioma ni mantener sus tradiciones.

Cinco relatores especiales y un grupo de trabajo de la ONU instaron a las autoridades canadienses y a la Iglesia católica a investigar de manera rápida y exhaustiva el descubrimiento y se remitieron al informe de 2015 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, que determinó que los niños aborígenes sufrieron abusos, desnutrición y violaciones, y que al menos 4000 de ellos murieron en los internados a causa de enfermedades, negligencia, accidentes o atropellos.

Rendición de cuentas

La declaración conjunta subraya que las víctimas y sus familias han esperado justicia y reparación durante demasiado tiempo e insiste en la importancia de que haya una rendición de cuentas, según las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Asimismo, pugna por la identificación y el registro de los niños desaparecidos, y pide que el gobierno canadiense haga investigaciones similares en todos los internados para indígenas del país.

Los expertos en derechos humanos subrayaron el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre las violaciones sufridas.

“El poder judicial debe realizar investigaciones penales sobre todas las muertes sospechosas y las denuncias de tortura y violencia sexual contra los niños alojados en los internados, y enjuiciar y sancionar a los perpetradores y encubridores que aún puedan estar vivos”, recalcaron los expertos.

“Se han cometido violaciones de derechos humanos a gran escala contra niños de comunidades indígenas, es inconcebible que Canadá y la Santa Sede dejen esos atroces crímenes sin dar cuenta y sin una reparación completa”, acotaron.

En cuanto a la Iglesia católica, los relatores la conminaron a abrir sin restricciones los archivos de los internados para que las autoridades judiciales investiguen a fondo y divulguen los resultados a la opinión pública.