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El Acuerdo de Escazú, el primer tratado que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente en América Latina, ha entrado en vigor este 22 de abril, un día muy simbólico pues marca el Día Internacional de la Madre Tierra.

La entrada en vigor ha sido celebrada como un hito por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet para los Derechos Humanos, que lo calificó de “pionero”, mientras el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo que “brinda esperanza e inspiración”:.

“Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú, son una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados, defender los derechos y proteger la salud de las personas y del planeta”, declaró Bachelet.

Se trata del primer tratado ambiental regional del mundo, que contiene disposiciones específicas para la promoción y la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales.

“Esto es especialmente importante dado que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden el medio ambiente y la tierra, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes”, destacó Bachelet.

Y añadió que los hombres y mujeres que defienden el medio ambiente son “amenazados en la región con acosos, narrativas estigmatizantes, y hasta ataques contra su vida y su integridad personal”.

Tener que afrontar tantos riesgos es aberrante

En América Latina, un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Para la Alta Comisionada, es aberrante que los activistas tengan que “asumir tantos riesgos para avanzar en su causa”.

Por ese motivo, quiso rendir un homenaje a defensores del medio ambiente como la brasileña Osvalinda Pereira, la mexicana Leydy Pech, y la ecuatoriana Nemonte Nenquimo, recientemente premiadas por su labor de protección del medio ambiente.

Bachelet quiso destacar que la lucha por el medio ambiente y los derechos humanos “también aborda las desigualdades estructurales y sistémicas de las sociedades, promoviendo así una vida digna para todos”.

Finalmente, aplaudió a los Estados que han ratificado el acuerdo y alentó a otros en la región a hacerlo prontamente e instó a todos a tomar las medidas necesarias para su cumplimiento, asegurando la participación de la sociedad civil. También les instó a que cumplan el derecho a un medio ambiente sano.

Primer tratado ambiental de la región

António Guterres, por su parte, dijo que “este es un logro histórico para la región y para el mundo. Además de ser el Acuerdo Ambiental Multilateral más reciente que se ha negociado y adoptado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, el Acuerdo de Escazú es también el primer tratado ambiental regional de América Latina y el Caribe”.

El Secretario General añadió que “a medida que continuamos abordando los devastadores impactos del COVID-19 e intensificamos los esfuerzos para frenar la triple crisis del cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la contaminación del medio ambiente natural, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú brinda esperanza e inspiración, y prepara el escenario para recuperación sostenible y resiliente”.

Y añadió: “Al adoptar un enfoque basado en los derechos, fomentar la creación de capacidad y la cooperación y centrarse en los más vulnerables, este tratado regional es un gran paso adelante en la creación de caminos transformadores para las personas y nuestro planeta”.

No son terroristas, sino que consolidan la democracia

Secundado las palabras de Bachelet, Alberto Brunori, el representante de ONU Derechos Humanos en América Central declaró: “Algunas personas afirman que las y los defensores de los derechos ambientales son un obstáculo para el desarrollo. Hasta las y los tildan de `terroristas’. Muy por el contrario, juegan un rol vital en la consolidación de la democracia y su labor debe protegerse y respaldarse. La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú marca un hito en este sentido; es por esto por lo que esperamos que otros Estados lo ratifiquen pronto”.

Mika Kanervavuori, representante de la ONU Derechos Humanos en Guatemala, explicó que “las amenazas y estigmatización hacia las personas que defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales, además de poner en riesgo su vida, tienen un efecto amedrentador que busca desalentar la legítima defensa de los derechos humanos” y añadió que “también impacta a sus familias y comunidades”.

El jefe de la Misión de la ONU Derechos Humanos en Bolivia, Alán García Campos, dijo por su parte: “Solidaricémonos, sumémonos y respaldemos el trabajo que desarrollan las personas que defienden los bosques, las selvas, la flora, la fauna, el agua, los ríos, los lagos, los mares y todos los recursos naturales”.

En un comunicado conjunto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Culturales y Ambientales (REDESCA) y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina exhortaron a los Estados a cumplir con su deber de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente.

“Para ello es crucial que se reconozca de manera pública e inequívoca la importancia de la labor de todos los defensores y defensoras del medio ambiente, fortalecer la investigación y el procesamiento de los delitos de los que son víctimas, evitar el uso indebido del derecho penal en su contra y adoptar políticas públicas integrales de protección, incluyendo medidas específicas para proteger las mujeres defensoras”, señalaron.

También alentaron a los Estados de la región a buscar alternativas para que sus instituciones públicas tengan activa presencia en los territorios más afectados por la violencia, particularmente a través de su capacidad de respuesta institucional, civil, de desarrollo y ambientalista, para promover los derechos y proteger las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

La pandemia de COVID-19, un obstáculo para la defensa del medio ambiente

La implementación del Acuerdo de Escazú es vital ya que como resultado de las medidas tomadas para la prevención de contagios y para el manejo de la pandemia por COVID-19 se ha visto limitado el derecho a la participación de las personas defensoras de derechos humanos, incluidos activistas ambientales, así como también se restringió el acceso efectivo a la información y a la justicia.

Y como consecuencia de la justificada limitada participación de los defensores y ambientalistas, se ha observado una reducida capacidad y voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales, proteger la naturaleza, tierras y territorios indígenas, y una erosión de los mecanismos para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan participar plenamente en la toma de decisiones.

No solo los Estados también las empresas deben cumplir

Por su parte, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo hincapié en que “el Acuerdo de Escazú es también una gran contribución para lograr que en el marco de proyectos de desarrollo se garantice el respeto a derechos como la salud, el agua o la vivienda”.

Y recordó que las obligaciones en materia de Derechos Humanos “no sólo son de los Estados, sino también de las empresas, cuya acción en esta materia es fundamental para alcanzar el objetivo que se plantea en el Acuerdo, que es el tener un modelo de desarrollo respetuoso con los derechos del ambiente y los demás derechos humanos relacionados”.