Mtro. Erubiel Tirado

Coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

• El Mtro . Erubiel Tirado habla sobre los riesgos de la sobremilitarización de la función del gobierno

Participación en foro de Parlamento Abierto convocado por la Cámara de Diputados “con relación a iniciativa que reforma leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos”, Ciudad de México, 17 de septiembre de 2020.

Con un país sometido a la muerte cotidiana (no solo la que se debe a la violencia homicida), y que se acostumbra a una causal adicional cuyo “mérito” recae en el gobierno actual, se presenta una iniciativa de reformas legales que abona al retroceso de nuestra inconclusa transición política, empobreciendo aún más nuestras aspiraciones democráticas y de un verdadero Estado de Derecho.

La iniciativa de reformas a tres leyes que, en esencia, fortalecen la presencia gubernamental de las fuerzas armadas (en este caso al sector de la Marina), presenta no solo vicios de inconstitucionalidad y de técnica legislativa, sino que tiene implicaciones graves en materia de las definiciones histórico-políticas de las relaciones civiles militares de México. Haré mención a los argumentos que sustentan estas afirmaciones.

I. Restauración de usos y costumbres del viejo régimen. Forma es fondo, estableció un ideólogo del Estado mexicano (a mi parecer el último) y profundo conocedor del liberalismo del siglo XIX, Jesús Reyes Heroles. Las formalidades que cubren este evento, hay que decirlo, son para intentar legitimar una decisión no solo ya tomada por los sectores duros de las fuerzas armadas, seguida de un aparato civilista que, dentro y fuera del gobierno, en los últimos veinticinco años se ha beneficiado, en diversas formas, de una creciente intervención e influencia castrense en la vida pública del país desde el ámbito de la seguridad y defensa. Ahora toca colonizar espacios de gobierno.

La iniciativa en cuestión muestra en forma clara esta intención de naturalizar una situación que en la práctica, se inició hace cuando menos cuatro años y que se intensificó a partir de la renuncia del anterior Secretario de Comunicaciones y Transportes: la Secretaría de Marina (Semar), cual fuerza real de ocupación, detenta ya el control de la marina mercante del país y solo resta hacerse legalmente de todo el aparato que representa, junto con un bono presupuestal nada despreciable (más de 25 mil millones de pesos – en el rubro de “inversión con recursos propios” que no se afectan con los recortes al igual que algunos fideicomisos-) no solo el ámbito marítimo que correspondía a los civiles (y que va más allá de sus actividades connaturales de protección y vigilancia), sino un control estratégico de las comunicaciones por tierra y por aire (situación que recuerda, por cierto, el comportamiento de las dictaduras militares). De ahí la premura con que se convoca a este foro, para cubrir formas parlamentarias sin ocultar disimulo alguno de que la decisión legal urge a grado tal que, incluso, se conoce del dictamen correspondiente que se aprobará en la Comisión y que se presentará al pleno (aun antes de la realización de este foro para, supuestamente, tomar la decisión de impulsar legislativamente la reforma).

En ese sentido, es evidente la mano de los militares (la Secretaría de Marina) y del papel secundario de la Consejería Jurídica de la Presidencia (la Secretaría de Gobernación, por cierto, no figura) que, como se ha dicho públicamente por su titular, no está para aconsejar debidamente al Ejecutivo sobre constitucionalidad y alcance legal de sus decisiones, sino de expresar jurídicamente su voluntad (decía Miguel Ángel Granados Chapa que esta es la diferencia distintiva entre un jurista y un abogado “huizachero” o de barandilla, quien le da vuelta a la constitución y las leyes).

Pese a esto, mi participación obedece a hacer evidente y a puntualizar la cadena de errores que se están cometiendo a partir de 2018, desde el Ejecutivo y en el Congreso, cuyas consecuencias ya empezamos a pagar en forma trágica. El retroceso es real y debe dejarse debida constancia de la gravedad histórica que esto representa.

II. Inconstitucionalidad y vicios legales. La lectura detenida de la iniciativa denota su origen castrense, independiente de los vínculos orgánicos que tiene su autoría formal con el sector militar (desde la conformación de las comisiones de la Cámara). Vale mencionarlo porque ello se explica con antecedentes tales como los documentos que desde el sector de la defensa (Sedena y Semar) han transitado en estos recintos (desde las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Interior, la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional y las tres leyes nacionales vinculadas a ésta). Todo esto, junto con el decreto presidencial del 11 de mayo pasado, muestran la “lógica jurídica” del autoritarismo militar mexicano, que halla en el presente régimen una valiosa oportunidad para hacerse de una parte sustancial del aparato de gobierno en términos estratégicos y acumular poder económico.

Describir y advertir este propósito, debe precisarse con las limitaciones del tiempo permitido, así sea solo en forma enunciativa, señalando los argumentos legales engañosos que se esgrimen en la iniciativa:

Supuesta congruencia con el artículo 129 constitucional. Se trata de una interpretación abusiva del texto, toda vez que es clara la naturaleza y misión de una institución militar que debe mantenerse alejada de responsabilidades civiles de gobierno o, en todo caso, asumirlas solo en casos de emergencia grave y de manera temporal. La advertencia y las recomendaciones hechas por la ONU han sido simplemente ignoradas.
Los razonamientos de la Suprema Corte esgrimidos en juicios de amparo (revisión constitucional de los actos del Ejecutivo o las leyes del Congreso), tal como se refieren en la exposición de motivos, no representan un mandato normativo a observar como sí lo sería una tesis jurísprudencial debidamente establecida. En el fondo, lo que se alude no es razón suficiente ni necesaria para la justificación que hace la iniciativa. No es posible asimilar, como se hace, una función técnico-administrativa, por su naturaleza eminentemente de carácter civil, con la transferencia de atribuciones en forma mecánica a una autoridad castrense solo por el hecho de pertenecer a la administración pública en su conjunto y que depende del Ejecutivo federal (un presidente civil). Estamos de nuevo ante una interpretación abusiva y acomodaticia. El esquema argumentativo no es nuevo y fue recurrente en la confección de la Ley de Seguridad Interior.

Siguiendo la lógica anterior, lo mismo puede decirse de la pretensión de que no se militariza una función civil porque, en el caso de la marina mercante y la complejidad comercial y económica que implica, estará implementándose por civiles… ¡¡¡bajo órdenes y mandos militares!!! El argumento cae por su propio peso irracional. Las implicaciones de este razonamiento trascienden el ámbito legal y son graves para el futuro de la democracia mexicana. Sobre esto haré un señalamiento en la parte final de la intervención.
Los cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal van más allá de la materia de comunicaciones en el rubro marítimo, puertos y de aguas interiores. Extiende las funciones actuales de la SCT en materia de comunicaciones a la Semar, aun tratándose de vías aéreas o terrestres.

En su conjunto, las reformas hacen de la Semar un ente con facultades omnímodas y discrecionales, como las de asumir responsabilidades de construcción de infraestructura (creando un monopolio de facto) o la autorización de actividades comerciales (adjudicaciones, concesiones, autorizaciones y permisos diversos), definiendo cobros y taxativas de manera unilateral y autónoma. Esto, hay que decirlo con todas sus letras tomando en cuenta la secrecía y la discrecionalidad que se observa ante falta de controles transparentes y contrapesos legales con los militares mexicanos, abre paso a una amplia avenida de corrupción e impunidad de la Semar desde el cortísimo plazo y la convierte en una autoridad legal, presupuestal y políticamente irresponsable.

Llama poderosamente la atención la entronización de la Semar como interlocutor y autoridad que se sobrepone a la Secretaría de Relaciones Exteriores al arrogarse la representación ante organismos internacionales y la negociación de instrumentos multilaterales. Esto rompe el paradigma del sometimiento militar al principio de supremacía civil de gobierno en un Estado democrático.

Esto no es un asunto menor, toda vez que la protección marítima y portuaria del país, lo saben muy bien en la Semar, se ajusta desde 2004 al Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), del que nuestro país es parte. Se contemplan niveles preventivos y de contención, este último justificaría la intervención de fuerzas de seguridad estatal (civil y/o militar). El enfoque civilista y comercial hasta ahora, en términos generales, no ha representado riesgos a la seguridad nacional.

La evidencia en sentido contrario, sí existe. La experiencia práctica de los oficiales en activo que, por decisión presidencial, se han involucrado en la administración de la marina mercante (Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán entre 2015 y 2017) muestra cómo se impone a ultranza el enfoque de seguridad al de criterios graduales que salvaguarden el interés económico y comercial, entorpeciendo el tráfico de buques y movimiento de mercancías y personas. De hecho, la Semar ha mostrado desprecio a las regulaciones y compromisos internacionales: los mandos navales militares de la API de Manzanillo no permitieron la renovación de la Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria (obligación para obtener documento que certifica la protección en la instalación portuaria, de acuerdo con lo establecido en el Código PBIP). En pocas palabras, los militares marinos han fracasado en términos administrativos de gobierno y en lo concerniente al objetivo de contener el tráfico de precursores para la fabricación de drogas sintéticas, también. De esto no se habla en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas.

Riesgos de la sobremilitarización de la función del gobierno

El modelo militar-naval de control que impulsa el conjunto de reformas propuestas nos coloca en el lado opuesto de las buenas prácticas que se observan a nivel internacional: de 174 miembros de la Organización Marítima Internacional, OMI, en el seis por ciento de ellos, su autoridad marítima se ejerce militarmente. En la OCDE, de sus 36 miembros, solo Chile observa esta característica, lo que recuerda también su pasado dictatorial. México pasaría a ser el segundo país con esta práctica y con menos controles que los que se observan en el sur.

En el texto de la iniciativa no se dice en forma explícita pero sí se ha comentado por oficiales de alto rango en espacios académicos y públicos, los militares intervienen para restaurar el desorden provocado por la incapacidad civil de gobierno. Argumento manido y expuesto hasta el hartazgo por este gobierno y los anteriores en los últimos veinte años, en las discusiones sobre seguridad pública, sin reconocer que ellos son parte del problema antes que la solución.

Esta idea es muy preocupante. Si el aparato militar tiene capacidades intrínsecas especializadas y de administración para transferir responsabilidades de gobierno que actualmente se encuentran en manos de civiles, según, las eventuales deficiencias o fallas burocráticas que se presenten deben corregirse “aprovechando” las virtudes militares asumiendo funciones de gobierno. Este argumento solo abre la puerta a un golpe de mano donde la figura e investidura presidencial, en el mejor de los casos, quedará reducida a un pastiche civilista.

Con la consolidación de patrones autoritarios con el protagonismo militar ya establecido en la vida pública del país, estamos en la antesala de cambios que significan graves retrocesos democráticos, uno de ellos es el cambio de la naturaleza popular de las fuerzas armadas: el llamado “ejército-pueblo” se transforma en “ejercito-empresario” trayendo consigo una organización de castas y una nueva élite de funcionarios y un sector privado con vínculos familiares (castrenses) y económicos que solo se beneficiarán entre ellos.

Termino con una idea apelando a los legisladores de todos los partidos (como se hacía al alba de la transición política mexicana en medio de la rigidez autoritaria de los años ochenta del siglo pasado), incluyendo a los de Morena, de anteponer el interés nacional y sus aspiraciones democráticas para que, en un voto por conciencia, rechacen estas reformas. Es por el bien del país, pero sobre todo, también por el de nuestras fuerzas armadas.