La verdad se impone a pesar de los discursos oficiales

Staff/RG

En las próximas elecciones al poder judicial la delincuencia muy probablemente buscará, por medio de la violencia, capturar espacios en la impartición de justicia. El hecho es que la verdad se impone a pesar de los discursos oficiales. Por ejemplo, el caso de Teuchitlán demostró que detrás de la crisis de desapariciones forzadas existe colusión entre autoridades y crimen organizado. Esta situación se agrava por la fragilidad institucional y la opacidad de los poderes judiciales locales, donde la transparencia y la rendición de cuentas son tareas pendientes.

Globalmente, el país deberá navegar en un escenario de tensiones crecientes entre EE.UU. y China. Este contexto redefine el orden mundial y cuestiona los principios que antes parecían incuestionables, como el libre comercio bilateral y la promesa de prosperidad bajo el capitalismo global.

México lidia, pues, con un profundo desencuentro entre narrativa y realidad. El futuro dependerá de su capacidad para empatar ambos frentes. Para ello, sólo hay un camino: fortalecer el Estado de derecho, recuperar la confianza ciudadana y redefinir el rol del país en el mundo.

Conoce aquí a detalle Nuestras Ideas para empatar la narrativa con la realidad y gracias por leernos cada lunes.

El final de una era en la relación bilateral

Luis Rubio, presidente de México Evalúa, en su columna titulada Incertidumbre analiza que, aunque la situación actual difiere de las crisis de los años setenta a noventa, las apariencias pueden ser engañosas: el bienestar y consumo crecen, pero la economía no. La relación con EE.UU. entra en una fase incierta: el TLC fue motor de crecimiento y certidumbre, pero se debilitó por errores internos y la administración Trump. La migración funcionó como válvula de escape, pero también enfrenta límites. El TLC buscaba dar tiempo a México para fortalecer sus instituciones, pero estas resultaron frágiles. El futuro ya no depende del exterior, sino de la solidez institucional interna. La popularidad presidencial no basta: sin instituciones fuertes, la estabilidad es ilusoria.

¿Cómo leer el contexto geopolítico presente?

En un contexto de agitación política y económica global, resurgen comparaciones históricas que buscan explicar los riesgos actuales, especialmente el conflicto creciente entre Estados Unidos y China, expone Luis Rubio, presidente de México Evalúa, en su columna titulada Lecturas del momento. La posibilidad de una nueva guerra fría parece cada vez más inevitable y apunta a una reconfiguración del orden global. China, bajo el liderazgo de Xi Jinping, ha desarrollado una política propia mientras que EE.UU. enfrenta una polarización profunda que amenaza su cohesión social, con el racismo como una fuerza persistente. Al mismo tiempo, se cuestionan los fundamentos del capitalismo moderno. El libre comercio, alguna vez una bandera progresista, ha sido desacreditado por la convergencia de extremismos, y los gobiernos, al intentar proteger a todos, terminan sofocando la innovación y asumiendo riesgos crecientes.

Teuchitlán: lo que no se puede desaparecer son las cifras

En Teuchitlán, Jalisco, madres buscadoras revelaron una verdad ineludible: colusión de autoridades con el crimen, reclutamiento forzado y sitios destinados a destruir cuerpos. Esto evidencia que la crisis de desapariciones supera las cifras de homicidio. Ante la presión, el gobierno federal presentó seis acciones para enfrentar el fenómeno, enfocadas en generar información, coordinación institucional y respuesta inmediata. Sin embargo, pronto se abandonó el enfoque técnico y se optó por diluir el problema en la narrativa oficia y luego, el Senado pidió la destitución del presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, ignorando la responsabilidad del Estado y revictimizando a las familias. La crisis no comenzó con Sheinbaum, pero durante el sexenio de López Obrador se disparó: más de 58 mil personas desaparecidas. Un análisis del Programa de Seguridad.
Transparencia en poderes judiciales locales: la tarea pendiente

Los poderes judiciales locales en México han estado históricamente alejados de la ciudadanía, lo que ha generado desconfianza y percepción de corrupción. La reciente reforma judicial que propone la elección por voto popular de jueces y magistrados plantea dudas sobre si este es el cambio estructural que realmente se necesita. Los poderes judiciales requieren legitimidad política basada en independencia y transparencia. Desde 2015 existen obligaciones legales de transparencia, pero la desaparición del INAI debilitó los mecanismos de rendición de cuentas, dejando su cumplimiento a discreción de las entidades locales. Aunque hay esfuerzos desde la academia y la sociedad civil para impulsar la transparencia judicial, los avances han sido limitados. Existen cuatro oportunidades clave: incorporar la transparencia en las constituciones estatales, asegurar que los órganos administrativos publiquen información sobre recursos, garantizar el acceso a audiencias abiertas, y fortalecer la recopilación y difusión de datos estadísticos. Un análisis del Programa de Justicia.

Contra la violencia político criminal en las elecciones judiciales

La elección popular de personas juzgadoras en 2025 ocurre en un contexto de alto riesgo de violencia político-criminal. Las agresiones pueden ir desde amenazas hasta asesinatos, y afectar no solo a las personas candidatas, sino también a sus equipos y familias. Esta violencia responde al interés del crimen organizado por influir en el poder judicial, como antes lo ha hecho en gobiernos municipales, donde ha logrado impunidad, control de recursos y dominio territorial. El control de jueces permitiría al crimen litigar a su favor, traficar influencias y consolidar su poder. La justicia, ya de por sí limitada, podría volverse aún más excluyente, beneficiando a quienes puedan pagar por el acceso a jueces y dejando fuera a los sectores más vulnerables. Ocho estados concentran altos niveles de riesgo por presencia criminal, mercados ilícitos activos, violencia política reciente y alta proporción de cargos en disputa. Para evitar que la justicia quede capturada por intereses ilegales, se propone focalizar fuerzas de seguridad en zonas de riesgo, aislar municipios en disputa y anular elecciones con evidencia de intervención criminal. Un análisis del Programa de Seguridad.

Observatorios de audiencias y resoluciones judiciales: Fuero federal

Este estudio evalúa la calidad de la justicia cotidiana en el sistema penal acusatorio federal, con énfasis en la protección de derechos humanos. Analiza el desempeño en audiencia del Ministerio Público, la defensa, los jueces y la asesoría victimal, destacando a las personas juzgadoras como las de mejor actuación y a las defensoras como las más rezagadas. Se identifican fallas como audiencias diferidas, defensa técnica deficiente, uso excesivo de lectura, lenguaje inaccesible y aplicación automática de prisión preventiva. Por primera vez, se analizaron seis causas completas, abordando delitos graves. El estudio destaca la necesidad de garantizar protección reforzada a personas vulnerables, aunque solo un caso incluyó a una persona indígena. Se proponen medidas para mejorar la defensa, asistencia a víctimas, lenguaje claro y programación de audiencias. Ante la reforma judicial y la elección popular de jueces, se subraya la importancia de observar audiencias y sentencias para evaluar su impacto en la justicia.

Seis propuestas para recuperar la transparencia en los estados

Hasta 2024, México tenía la 2ª mejor ley de acceso a la información del mundo (de 140 países, ver mapa). Como la nueva Ley de General de Transparencia limita este derecho, eso se perdió. Sin embargo, ahora, los congresos locales pueden diseñar un marco más progresivo y alineado a estándares internacionales. Estas son nuestras seis propuestas:

Garantizar que los órganos de transparencia estatales sean colegiados y no unipersonales.
Exigir requisitos de idoneidad para titulares de órganos de transparencia.
Obligar a documentar todos los actos de autoridad.
Recuperar el principio de máxima publicidad.
Reinstaurar los Consejos Consultivos ciudadanos.
Fomentar la apertura gubernamental y la participación ciudadana.