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Luisa tiene solo 13 años, pero como muchas niñas y adolescentes en Honduras, ya ha experimentado las diversas manifestaciones de violencia que ocurren en el país, incluyendo la de género.

Para Luisa, el camino al colegio podía ser incómodo porque los jóvenes de su barrio la acosaban, una realidad que viven varias niñas de su colegio. La repetición de estas situaciones, sumado a todos los factores de violencia e inseguridad que enfrenta en su comunidad la empezaron a afectar emocionalmente, generando en ella inseguridades, y temores que empezaron a afectar su rendimiento académico.

“Esa situación me hacía sentir bien mal. Cuando te pasa eso te arruina el día, porque eso es algo que te queda en la mente. Me afectó bastante”, comparte Luisa.

Sus profesoras al notar cambios en su comportamiento empezaron a ayudarla a través de la clínica de apoyo psicológico que tiene el colegio. Gracias a esa asistencia, pudo reconstruir su confianza y aprendió herramientas para gestionar y atravesar esos momentos.
“En la escuela nos ayudan mucho. Ahora me siento orgullosa de mí, me esfuerzo cada vez más en mis notas. Estoy en la orquesta de mi escuela, y yo toco el violín”, dice Luisa refiriéndose a cómo se siente, y a lo que la motiva a seguir estudiando.

Las maras, uno de los impedimentos a la educación

Sonia, la psicóloga de la escuela a la que asiste Luisa, comenta que la zona donde está ubicada la institución educativa, una colonia muy poblada dentro de Tegucigalpa, como otros distritos de Honduras, es bastante conflictiva. Especialmente por la violencia que ejercen las maras y pandillas en las colonias, siendo uno de los factores que limitan a niños, niñas y adolescentes a acceder al derecho a la educación.

“Esta zona está controlada por un grupo criminal en específico que delimita hasta donde podemos llegar”, resalta Sonia refiriéndose a las fronteras invisibles.

Estas fronteras invisibles, impuestas por las pandillas, ocasionan que los niños y los niños de otros sectores de la colonia no puedan ir al colegio. Además, el aumento de la extorsión al sector del transporte limita las alternativas de movilización, obligando a los estudiantes a caminar largas distancias para llegar a la escuela.

Según el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos (CONADEH) en Honduras, 1798 niños, niñas y adolescentes se desplazaron de manera forzada o se encontraban en riesgo de desplazamiento entre 2019 y 2022. Las principales causas estaban relacionadas con amenazas, asesinatos y extorsión, principalmente perpetradas por maras y pandillas.

Resultado de la constante amenaza de la violencia, Sonia sostiene que el primer impacto evidente es que muchos estudiantes dejan de ir a la escuela y abandonan su educación. A pesar de los esfuerzos realizados por la escuela para contrarrestar este fenómeno, mediante estrategias como el apoyo psicosocial, las dificultades son mayores.

“Uno de los mayores retos que nosotros vemos a la hora de mitigar la deserción escolar es el desplazamiento. Muchas de las familias junto a sus hijos terminan yéndose de esta zona, o de esta comunidad por la violencia”, destaca Sonia.

La deserción escolar y el trabajo de los docentes contra la violencia

Carlos Sierra, docente y director de una de las escuelas más grandes en Tegucigalpa, indica que la deserción escolar es algo recurrente.

“Todos los meses se pierden alumnos que luego no regresan a la escuela. Quienes se quedan dentro del país continúan su educación en donde no está latente la amenaza (…) lo que nosotros hacemos es mantener su matrícula en nuestra escuela hasta que están mejor”, destaca Sierra.

También, añade que el control territorial y social que ejercen las es tan fuerte que las amenazas llegan a darse incluso dentro de las escuelas.

“Ha llegado a pasar que hasta se han metido a la institución. Cuando hay operativos, se saltan el muro y esperan a que pase”, añade Sierra.

El personal docente viene trabajando para fortalecer sus acciones para reducir el impacto de la violencia dentro de sus escuelas; no obstante, los riesgos que ellos mismos enfrentan no son menores. Entre el 2016 y 2021, datos del Comisionado Nacional para los Derechos Humanos reportan que 280 docentes han sido víctimas de desplazamiento forzado o se encontraban en riesgo de serlo, también que al menos 38 centros educativos han presentado hechos de violencia vulnerando los derechos fundamentales de toda la población educativa.

En este contexto, asegurar la protección de los y las estudiantes y del personal docente, dentro y fuera de las escuelas, es esencial para garantizar el acceso a la educación y prevenir que la violencia vulnere derechos de niños, niñas y adolescentes. Particularmente, el reclutamiento forzado que afecta especialmente a jóvenes que viven en zonas vulnerables controladas por grupos delictivos.
Trabajo comunitario
Por ello, algunas escuelas buscan trabajar de manera coordinada con líderes comunitarios, e involucran a diferentes miembros de la comunidad educativa, como los padres y madres, para crear y fortalecer los espacios seguros dentro de las colonias. A través del liderazgo comunitario se apoyan para mantener una vigilancia constante de los perímetros de la escuela, prevenir conflictos en zonas aledañas y toman medidas de prevención en los territorios más violentos.
Asimismo, el rol de las organizaciones humanitarias es clave para apoyar a la red de prevención y protección que se desarrolla en barrios y colonias del país, para prevenir riesgos como el reclutamiento forzado.

Según el estudio La Tarea Pendiente publicado en 2023 por La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), con el apoyo de Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Honduras, muchos niños y niñas viven en condiciones de pobreza extrema, han sido víctimas de desplazamiento forzado, han descontinuado sus estudios o no pueden acceder a la educación, haciéndolos vulnerables a ser reclutados por el crimen organizado para actividades delictivas.

“Hay exalumnos que salen en las noticias y aparecen asesinados. Este trabajo es de hormiga, pero salva vidas”, destaca el profesor Sierra sobre la importancia de los esfuerzos de los líderes comunitarios y las organizaciones humanitarias para prevenir la violencia en las escuelas.

Ayuda de la ONU

En Honduras, ACNUR y sus socios trabajan en la prevención del desplazamiento fortaleciendo a las escuelas como espacios seguros, a través de talleres a docentes para que puedan identificar y brindar asistencia a quienes están en riesgo de desplazamiento forzado.

También, pueden reportar dinámicas de violencia en particular, apoyar a diferentes centros educativos en el mejoramiento de la infraestructura educativa, en el desarrollo de programas de atención psicosocial, y la creación de rutas y mecanismos integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, para asegurar el derecho a la educación de las niñas y niños que se han desplazado, la agencia de la ONU apoya a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Secretaría de Educación, a generar rutas expeditas que permitan la reintegración de los estudiantes a las escuelas luego de que son desplazados. También, al comité docente, que es una iniciativa nacional liderada por educadores para promover sus derechos y el desarrollo de procesos de formación a otros docentes en medidas de autoprotección.

Además de fortalecer a las escuelas como espacios seguros dentro de las colonias, los docentes resaltan la necesidad de contar con programas que ayuden a complementar la enseñanza educativa y dar un apoyo integral a los jóvenes que crecen en contextos de violencia.

Sonia resalta el impacto positivo de programas en las escuelas que le brinda la oportunidad a niñas, niños y jóvenes de aprender a tocar instrumentos musicales como el violín y leer partituras. Jóvenes como Luisa, participan de estos espacios que les permiten a los estudiantes canalizar las tensiones que sienten por el entorno violento que la rodea. “Yo me libero con la música. Cuando toco el violín me siento en paz”, concluye Luisa.