Por José Alberto Mora Zamorano
Gaetano Mosca (Palermo; 1858 – Roma; 1941) fue un sociólogo y político italiano descreído de los movimientos redentores y crítico del populismo que vio nacer en el gobierno de su país: el fascismo de Benito Mussolini. Como científico social estableció la categoría de ‘clase política’ para agrupar a la minoría que persigue el poder y concibió con el nombre de ‘élite’ al grupo dirigente que busca ser hereditario, independientemente del tipo, forma o sistema de gobierno. Para Mosca, la verdadera lucha de clases se da entre la clase política y la población civil; la primera siempre buscará expandir su poder sobre la segunda sin importar pasar por encima de sus derechos.
Tal parece que las ideas de Mosca estén pintadas a calca por la actuación de los partidos políticos en el Congreso (Cámara de Diputados y Senadores) de nuestro país; si consideramos la actuación que la bancada y aliados del oficialismo llevaron a cabo en la infame reforma de leyes secundarias correspondiente al sistema electoral: el llamado Plan B. Y es que éste fue una reacción a la insuficiencia de oficio político que los adherentes del oficialismo padecen, y a la baja o nula capacidad de entender que las reglas del juego democrático no convencen por meras consignas. Ya que al no lograr las dos terceras partes, que por ley se requieren para iniciar una reforma constitucional, la propuesta del presidente tuvo que buscar imponerse por medio de la aritmética parlamentaria, no sin tropiezos – más los que le faltan.
Pero habría que aclarar en qué consistió el llamado Plan B; para esto tenemos que tener en cuenta que el oficialismo, al no poder modificar la Constitución, optó por reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y eliminar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. La reforma a dichas leyes, entre muchos elementos, ha logrado reducir la autoridad del INE en la vigilancia de los procedimientos democráticos, concernientes a la vida interna de los partidos políticos en la elección de dirigencias y candidaturas.
También ha mermado la facultad técnica del INE al desaparecer el Servicio Profesional Electoral Nacional y las figuras de Secretario Ejecutivo, Junta General Ejecutiva, así como vocalías locales y distritales; de igual modo, desaparece los fideicomisos para cubrir pasivos laborales, elimina los organismos locales y centraliza sus funciones; por su parte, la abrogación de la Ley de Medios permite la intervención de servidores públicos en funciones en las campañas y las deja sin sanciones. En suma, el Plan B disminuye las facultades del organismo electoral y aumenta el poder de los partidos políticos que, proporcionalmente, beneficia al grupo oficialista; pero no sólo se trata de conservar el poder por medio de reformas que permiten simular una organización democrática, en tanto conservan un órgano electoral disminuido.
El problema se centra en que la relativa pérdida de autoridad y en menoscabo de la profesionalización de la gestión del INE frente al aumento de la discrecionalidad en los partidos políticos mengua la naturaleza ciudadana del instituto.
Tal como Gaetano Mosca describiera la tendencia de la clase política, la nuestra busca por todos los medios retorcer las reglas del juego democrático con tal de poder heredar el poder y consolidar así una nueva élite dirigente. Aún queda pendiente la resolución de la SCJN en materia constitucional con base en las acciones de inconstitucionalidad que presente fundamentalmente la oposición – la otra parte de la clase política.
José Alberto Mora Zamorano
Doctor en Filosofía y comunicador