Hipólito Contreras

De acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a agosto de 2021, se han cometido en la entidad 76 asesinatos de mujeres, sólo 27 casos se investigan como feminicidio y 49 como homicidios dolosos, informó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Asimismo, en 2020 se cometieron en total 135 asesinatos de mujeres, 54 se investigan como feminicidio y 81 como homicidios dolosos.

En cuanto a la problemática de desapariciones, de acuerdo a información de la Fiscalía Estatal de 2018 a 2020 desaparecieron 2, 338 mujeres y niñas, más de 300 mujeres están pendientes de localizar.

Este contexto de violencia feminicida se fomenta ante la prevalente impunidad que impera. Además del dolor irreparable que representa perder a una hija, luego de un violento asesinato, las familias tienen que cargar a cuestas las acciones y omisiones de un sistema de justicia revictimizante.

La falta de perspectiva de género ha quedado evidenciada, al otorgar el amparo de la justicia federal frente a la resolución Estatal. Este amparo obliga a emitir una nueva resolución tomando en cuenta las violaciones a los derechos humanos hacía la víctima, bajo una investigación con perspectiva de género.

A pesar de las omisiones, familias como la familia Figueroa Becerril, mantienen la esperanza en que la verdad y la justicia serán garantizadas por las autoridades locales.

Es así que, desde las colectivas, desde las organizaciones de la sociedad civil y desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hacemos respetuoso llamado al Poder Judicial del Estado de Puebla para que reencause la investigación y con ello se llegue al conocimiento de la verdad y la justicia. Es impostergable realizar acciones que abarquen todas las líneas de investigación posible para que el suicidio no sea ni la única ni la prioritaria.

Lamentablemente, casos como el de Zyanya son una constante en el estado de Puebla, por lo que las y los operadores de justicia deben enviar a través de sus resoluciones, un mensaje de cero tolerancias hacia la violencia contra las mujeres para evitar que la impunidad sea la reproductora de este delito.