Ricardo Homs

La capacidad destructiva de algunos funcionarios de esta administración puede generar daños irreversibles para el país.

Un ejemplo es la nueva política que pretende instrumentar la SEMARNAT.

Víctor Manuel Toledo, secretario de la SEMARNAT y experimentado académico, promete rediseñar la política ambientalista del país. Al presentar el Plan Nacional de Transición Energética dio indicadores del rumbo que llevan sus planes.

Por ejemplo, pretende descansar la sustentabilidad del país en el petróleo, en un mundo que hoy se mueve hacia la generación de energías limpias, con lo cual, seguramente va a destruir toda una estructura innovadora que fue creada por gobiernos anteriores para proteger el medio ambiente.

Se ha convertido en un “trending topic” la declaración del secretario Toledo respecto a que los generadores de energía eólica, o aerogeneradores, “atrapan el aire de las comunidades indígenas”, lo cual es un disparate, pues las grandes aspas simplemente se benefician del paso del aire, que les mueve, generando así energía eléctrica de bajo costo.

Parece ser que el tema indigenista hoy es el filtro que define las políticas gubernamentales, lo cual imprime un toque ideológico que está por encima de las decisiones prácticas que debiesen guiar al gobierno.

Esto significa que se frenará la inversión en la generación de energías limpias por parte de las empresas con experiencia, porque estas representan al “neoliberalismo”. En contraste, con visión populista el secretario de la SEMARNAT habla de fomentar la creación de pequeños proyectos donde se involucre a la ciudadanía.

Lo que no nos dice es cómo la ciudadanía podrá generar energía, aunque sea para su propio consumo familiar.

Al calificar a su proyecto como “transición energética”, presentándolo como la antítesis del neoliberalismo, nuevamente pone una visión ideológica por encima de lo que conviene a nuestro país, o sea, impone un freno ideológico al desarrollo.

Pretende destruir los avances tecnológicos en materia ambientalista simplemente por convicciones personales.

Cabe cuestionar por qué la institución que debe vigilar la salud del medioambiente, que es la SEMARNAT, impone políticas energéticas, que debiesen ser tema de la incumbencia de la Secretaría de Energía. Lo peor es por qué el Congreso de la Unión ha ignorado la trascendencia e impacto futuro de estas nuevas políticas energéticas, siendo que es al Congreso a quien le corresponde dictar las políticas energéticas, no a ninguna secretaría de estado.

Esto muestra descoordinación interinstitucional entre los organismos gubernamentales.

Mientras el Valle de México, que concentra la mayor densidad poblacional del país, sufre de contingencias ambientales vinculadas con el uso del petróleo como generador de energía, la SEMARNAT se convierte en el defensor de la industria petrolera simplemente por llevar la

contraria a las grandes potencias y al neoliberalismo, según declaraciones del secretario Toledo, cuando la lógica nos vislumbra como solución la conversión tecnológica hacia energías limpias.

¿Alguien entiende esta incongruencia?

Si a esto añadimos el impacto de la contaminación ambiental en la salud de los ciudadanos, por la utilización del petróleo y sus derivados, se debe involucrar en este problema ambientalista a la Secretaría de Salud. Por tanto, vemos que el proyecto de la SEMARNAT tiene un espíritu destructivo, equivalente al de un niño pequeño que hace una rabieta que destruye artículos valiosos, sin tener conciencia del daño que ha hecho.

Las acciones que hoy se instrumentan parecieran derivarse de ocurrencias y no de estrategias sustentadas en planeación.

En esta problemática podríamos incluir el posible desmantelamiento de la infraestructura del Consejo de Promoción Turística, lo cual fue anunciado, aunque aún no se concreta en la práctica. Esto constituye un ejemplo de desmantelamiento de infraestructura productiva. La disminución del 85% de su presupuesto, pone al CPT al borde de la desaparición.

Si este organismo desaparece o se achica, dejaremos de tener una importante red de oficinas promotoras alrededor del mundo, la cual representó una gran inversión de gobiernos anteriores. Con su desaparición en el corto plazo habrá un ahorro, pero en el futuro veremos pérdida de competitividad turística.

Por otra parte, el cierre de ProMéxico y sus 46 oficinas en el extranjero, dedicadas a promover productos mexicanos en el exterior y apoyar a los exportadores nacionales, ha echado por la borda contactos, experiencia y una importante presencia global de nuestro país.

Una estrategia constructiva, deseable, sería evaluar programas y proyectos, así como replantear el futuro de instituciones, para mejorar lo que hoy hay, haciendo eficiente su operación y evitando la corrupción. Sin embargo, desmantelar instituciones e infraestructura trae un daño patrimonial irreparable y de consecuencias a mediano plazo.