Gamaliel Jiménez

Atan de manos a la Cofin, y amplían facultades del OFS; podrán revisar finanzas de ejercicios fiscales anteriores.

La presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi presentó este día una iniciativa para crear una nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, en la que proponen dotar de mayores facultades al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en la revisión de las cuentas públicas de los entes obligados.

De acuerdo al proyecto presentado este día, por la legisladora de Morena, refiere que con esta ley Tlaxcala podrá armonizar su marco normativo en la materia, en concordancia con los lineamientos federales, y en apego a la operación de los Sistemas Nacionales y Estatal Anticorrupción y demás sistemas establecidos con ello.

“La ley que se propone busca reglamentar la función de fiscalización superior prevista en el artículo 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 54, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como establecer la organización, funcionamiento y atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior, incluyendo las necesarias para conocer, investigar y sustanciar los procedimientos por faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización superior de la Cuenta Pública, en términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, refiere la exposición de motivos.

Esta nueva ley, que consta de 83 artículos distribuidos en seis títulos, robustece y dota al Órgano de Fiscalización Superior de facultades novedosas, principios de actuación y de organización que optimicen su desempeño y respondan a la exigencia social de redireccionar la conducción del servicio público en la Entidad y sus Municipios.

Entre estas novedades, establece que el OFS será el encargado de revisar, analizar, investigar sustanciar los informes financieros de los entes obligados o que reciben recursos públicos, e incluso denunciar aquellos malos manejos que realicen los funcionarios para garantizar que sean sujetos de sanciones efectivas.

De igual forma, plantea que la revisión, el seguimiento de la solventación de observaciones y agotamiento del proceso de fiscalización, quede a cargo del OFS, para posteriormente entregar un informe final al Congreso del Estado, el cual será analizado y puesto a consideración del pleno para su aprobación o reprobación correspondiente.

Propone nuevas fechas, como la entrega de los informes individuales de los entes obligados que será al 30 de junio y ya no a más tardar el 15 de mayo como actualmente se realiza, y plantea que la aprobación de los dictámenes en el pleno del Congreso se realicen a más tardar el 31 de agosto y no hasta el 15 de diciembre como actualmente se efectúa.

En cuanto a las atribuciones de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, ésta sólo fungirá como enlace entre el OFS y el Poder Legislativo, para este procedimiento, así como recibir los informes respectivos de las cuentas públicas, y presentarlos al Pleno, además de que podrá recibir las cuentas públicas de los entes obligados y resguardarlos temporalmente, hasta que sean entregados al OFS.

En tanto, la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), conocerá del programa de actividades, el anteproyecto de presupuesto, y el informe anual del OFS, evaluará si cumple con sus funciones y podrá proponer a la terna de candidatos a Auditor Superior.

Por último, la propuesta de ley contempla que la entrega de cuentas públicas continuará como hasta el momento, cada trimestre, y quien se atrase será sujeto de multas que van de las 200 a más de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La iniciativa fue turnada a comisiones para su revisión, análisis y dictamen correspondiente.