¿Está en riesgo la propiedad privada? Iniciativas de vivienda generan debate, pero no vulneran derechos adquiridos

Staff/RG

En medio de un contexto urbano marcado por la gentrificación, el encarecimiento de la vivienda y la incertidumbre habitacional, diversas iniciativas legislativas han despertado preocupación sobre el futuro de la propiedad privada en la Ciudad de México y el país. Sin embargo, un análisis jurídico revela que las reformas propuestas no representan un riesgo real para los derechos adquiridos.

En semanas recientes, tres medidas han encendido el debate: una propuesta del Infonavit para regularizar viviendas abandonadas; una reforma al artículo 60 de la Constitución local que eliminó una referencia explícita al derecho a adquirir vivienda en propiedad; y una iniciativa en el Congreso capitalino para ampliar el parque público de vivienda en renta. A ellas se suma una reforma fiscal que exige a ciertos propietarios reportar el uso de sus inmuebles de alto valor.

“Las iniciativas han sido interpretadas por algunos sectores como una amenaza directa a la propiedad privada, pero esto no se sostiene jurídicamente. Ninguno de los textos permite expropiaciones ni vulnera derechos adquiridos”, afirma Diego Domínguez, Socio de DAP, despacho especializado en asuntos públicos y experto en Derecho Legislativo. “Es indispensable distinguir entre narrativa política e implicaciones legales reales”.

La propuesta del Infonavit responde al abandono masivo de viviendas de interés social —un fenómeno que afecta a más de 650 mil inmuebles en el país, según datos oficiales—, permitiendo su regularización y reincorporación al mercado a través de mecanismos como la renta con opción a compra. “Se trata de unidades que no han sido escrituradas, que están en mora o siguen siendo propiedad del Instituto. No aplica para viviendas legalmente adquiridas”, aclara Domínguez.

Por su parte, la reforma constitucional local ha sido objeto de interpretaciones alarmistas. Aunque eliminó una frase sobre la propiedad de vivienda, no modifica el régimen de propiedad establecido en los artículos 16 de la Constitución capitalina y 27 de la Constitución federal. “No se crean nuevas facultades de expropiación, ni se transforma el modelo jurídico vigente”, subraya el despacho.

El debate ocurre en un momento de fuerte presión sobre el mercado inmobiliario capitalino. Datos del INEGI revelan que el precio promedio de una vivienda nueva en la CDMX supera los 3.5 millones de pesos, mientras que en colonias como la Roma o la Juárez se han triplicado los precios en la última década. Este proceso de gentrificación ha generado desplazamientos, resentimiento social y creciente desconfianza hacia las políticas urbanas.

En ese entorno, propuestas como la creación de un Banco de Suelo o la expansión de la oferta pública de vivienda han sido leídas con sospecha. No obstante, DAP recalca: “Es legítimo discutir el modelo de ciudad que queremos, pero las alarmas sobre una supuesta abolición del derecho de propiedad carecen de sustento legal”.

Ante el ruido mediático, DAP hace un llamado a informarse con base en los textos legales y no en interpretaciones que amplifican el temor. “La desinformación en temas sensibles como la vivienda puede socavar la confianza ciudadana. Por eso, el debate debe darse con claridad, responsabilidad y evidencia”.